Necesario control sobre viajes de presidente

Muchos recordamos que el 3 de marzo, el presidente dijo a la Sala de lo Constitucional que ni él, ni sus subalternos, ni el Estado Mayor Presidencial tenían información sobre los viajes del expresidente Funes y su esposa durante el período del 1º de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014.
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La falta de dicha información tiene una trascendencia particular, pues el actual presidente fungía como vicepresidente en la administración anterior. Y, de acuerdo con el art. 152 ord. 1º de la Constitución, no puede ser candidato a presidente “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior”.

Por ello, al esfumarse la información sobre los viajes del expresidente Funes, solo nos queda la buena fe para determinar si en la administración anterior, el actual mandatario desempeñó la presidencia por un período inferior a seis meses. No vamos a conjeturar.

En lo que sí podemos enfocarnos, sobre todo pensando en el futuro inmediato, es en señalar que la Constitución prevé un mecanismo para controlar la permanencia o ausencia del presidente en el territorio. El art. 158 dice: “Se prohíbe al Presidente de la República salir del territorio nacional sin licencia de la Asamblea Legislativa”. Y el art. 131 ord. 15º dispone que corresponde a la Asamblea Legislativa: “Resolver sobre renuncias interpuestas y licencias solicitadas por el Presidente y el Vicepresidente de la República y los Designados, previa ratificación personal ante la misma Asamblea”.

Pero año tras año, desde hace varias décadas, se repite un ritual en la Asamblea: El presidente solicita la licencia para viajar a cualquier lugar, en cualquier momento, por el período de un año; y, año tras año, la Asamblea concede la licencia en esos amplios términos.

Por ejemplo, en el decreto legislativo de fecha 19 de mayo de 2015 se resolvió: “Concédese licencia al Presidente de la República, Profesor Salvador Sánchez Cerén, para que pueda salir del territorio nacional, con el objeto de realizar visita a países de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y del Caribe; así como países de los continentes Asiático, Europeo, Africano y de Oceanía, las veces que sea necesario, durante el período comprendido del 1 de junio del presente año al 31 de mayo del año 2016, para atender invitación de Gobiernos amigos o visitas de Estado, así como cualquier visita de carácter privado”.

La semana pasada el presidente cumplió con el ritual. Solicitó, nuevamente, la licencia para viajar a cualquier lugar, en cualquier momento, por el período de un año; y la Asamblea Legislativa sin ningún análisis ni cuestionamiento, concedió la autorización amplia e irrestricta.

La licencia que se otorga al presidente para salir del país debe ser un mecanismo control del Órgano Legislativo sobre el Ejecutivo. Pero se ha transformado en un simple trámite carente de sentido. Con una licencia otorgada en términos tan amplios, la Asamblea no controla nada.

La opacidad de esta administración en publicar los viajes del presidente anterior evidencia que la licencia legislativa se ha vaciado de contenido. Los ciudadanos desconocen cuándo, y hacia dónde ha viajado el presidente. Y eso tampoco lo sabe la Asamblea, quien, por disposición constitucional, debe ser la primera en conocer esa información.

Los ciudadanos no necesitamos permiso de ninguna autoridad para entrar o salir del territorio nacional; el presidente sí. De manera que a quien incomode ese control interorgánico, es mejor que no se postule como candidato presidencial.

Consideramos que los términos abiertos en que la Asamblea Legislativa ha otorgado la licencia al presidente para salir del país violan los art. 131 ord. 15º y 158 de la Constitución. Reconocemos que es una práctica originada hace varios períodos presidenciales, pero ya es momento para corregir ese histórico yerro.

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