Necesidad de una Ley de Procedimientos Administrativos

Opiniones sobre que El Salvador debe mejorar su competitividad, así como reducir la burocracia y tramitología en la Administración Pública, son comunes, debido a quejas de ciudadanos por trámites confusos y lentos, burocracia excesiva y por procedimientos arbitrarios.
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Para coadyuvar a resolver estos problemas, es necesario contar con una Ley de Procedimientos Administrativos (LPA). Algunos de los beneficios que brindaría son: homogeneizar los trámites y procedimientos; reducir la incertidumbre jurídica; mejorar la eficiencia y transparencia; disminuir los ámbitos de corrupción y mejorar la competitividad. Esta ley aplicaría para el Ejecutivo, autónomas, municipalidades y otros órganos del Estado cuando ejercen potestades administrativas.

La falta de una LPA ha posibilitado mucho desorden en los procedimientos y trámites en la Administración Pública, dispersión normativa y trámites individuales en las distintas oficinas públicas. Esto posibilita que existan arbitrariedades y discrecionalidades que conllevan a prestar un servicio público deficiente. Tenemos más de 20 años en que ha habido diversos anteproyectos, pero no ha existido voluntad política para impulsarlos. Fue hasta finales de 2016 que se le dio iniciativa de ley y es positivo que actualmente la está discutiendo una Comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa, la cual ha invitado a participar a personas conocedoras de la materia.

Existen algunos temas que se deben analizar con mucho cuidado, tal como el de la llamada “autotutela administrativa”, que se refiere al poder que se le da a la Administración Pública para hacer cumplir sus propios actos sin intervención judicial. Al respecto, hay que señalar que de acuerdo con la Constitución, en su art. 11, nadie puede ser privado de la propiedad y de sus derechos sin que medie juicio previo, por lo que la Administración Pública solo podría ejecutar sus actos que limiten derechos cuando sean firmes, es decir, que haya agotado la vía administrativa y judicial, y además, en casos en que se restrinja la propiedad, como en un embargo de bienes, siempre debería existir orden judicial.

Otro tema medular es el “silencio administrativo positivo”, el cual es fundamental, ya que viene a brindar seguridad jurídica a los ciudadanos para que la Administración les responda a tiempo sus peticiones; sin embargo, es necesario que la ley regule adecuadamente cómo se implementará, ya que de lo contrario podrían quedar áreas grises que anularían de entrada sus beneficios.

También es importante el tema de las derogatorias de la LPA, pues debe procurarse el mayor grado de armonización normativa para que no se dificulte su aplicación, ya que al existir tantas leyes que regulan procedimientos administrativos, si no se derogan expresamente y se deja la clásica disposición de que se derogan todas las leyes que la contraríen, se corre el riesgo de que se siga aplicando la norma que ya fue derogada. La labor es ardua pero debe hacerse el esfuerzo de identificar las principales normas que deben ser derogadas expresamente. Además, también deben revisarse los reglamentos e incluso los instructivos.

Ojalá que el país pronto cuente con una LPA que venga a uniformar, ordenar y dar certidumbre jurídica a los procedimientos administrativos que cada día llevan a cabo los ciudadanos y empresas en el Estado, lo cual deberá acompañarse de un cambio cultural de los servidores de la Administración Pública.

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