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¿Necesidades o incapacidades?

Está de moda que el FMLN y ARENA se hagan mutuas acusaciones con motivo de las solicitudes de aprobación de préstamos en la Asamblea Legislativa para cubrir gastos o préstamos que no fueron previstos ni justificados en los presupuestos anuales desbalanceados que aprueba ese órgano del Estado.
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Por manipular de forma parecida las cuentas en los presupuestos es que se encuentra en una encrucijada judicial grave la presidente de Brasil, señora Dilma Rousseff, con la fuerte posibilidad de ser destituida de su alto cargo por los órganos Judicial y Legislativo de esa gran nación.

Sin embargo, en nuestro país es la regla desde hace varios períodos presentar presupuestos desbalanceados, con cifras evidentemente no muy realistas que obligan a recurrir a préstamos “de urgencia” que además permiten al partido gobernante acusar a la oposición de “estar contra el pueblo” por no aprobarlos en los montos y con la urgencia que solicita.

Si una persona tiene un equipo, como vehículo, máquinas, etcétera, hace una previsión para el mantenimiento del mismo, con una periodicidad racional y con la eficacia y eficiencia adecuadas para no sufrir daños que obliguen a parar sus labores.

En nuestro país vemos que entidades gubernamentales solicitan con urgencia que le aprueben fondos para reparaciones que no se tenían previstas (¿?) y que por tanto no fueron presupuestadas. Esto significa que las administraciones anteriores y la actual no hicieron las reservas de recursos económicos que previsiblemente se requerirían para los mantenimientos preventivos y correctivos de las plantas de tratamiento y bombeo del agua por ejemplo. Si esos fondos existían y ya no están es necesario deducir responsabilidades a las personas responsables de su manejo y custodia. Que regresen lo defraudado al Estado y no solo la penalización carcelaria. Si no se hicieron las previsiones anotadas, también deben rendir cuentas de su falta administrativa por omisión y responsabilizarse de tales falencias.

Pero obligar a la AL a aprobar préstamos millonarios, con la treta de doblarles el brazo por la urgencia, cuando no se hace eficazmente la recaudación de lo adeudado por las distintas dependencias del gobierno central, los municipales y las autónomas que adeudan a su vez millones a la ANDA, no es justo, no se vale, porque los préstamos y sus intereses los pagaremos todos los salvadoreños con nuestros impuestos y lo que le adeudan son servicios ya prestados y a cuyos montos al parecer les condonan los intereses y no tienen plazo para cumplirlos.

Verdaderamente, sanear las cuentas públicas es una imperiosa necesidad para que sea la base del tan solicitado y urgido pacto fiscal. Deducir cuánto es lo desfalcado al Estado y a las instituciones por medio de auditorías serias e imparciales es una tarea titánica, una empresa romana que muy difícilmente ejecutarán las instituciones nacionales amarradas entre sí por lazos sutiles pero muy poderosos, a pesar de las buenas señales que la FGR está lanzando.

El gobierno del profesor Salvador Sánchez Cerén debe escuchar y responder al clamor popular para que solicite a la ONU la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).

Los argumentos sobre que vendrían a violar nuestra soberanía o a usurpar funciones y espacios de las instituciones no es válido puesto que si sólo vienen a investigar y sus hallazgos y conclusiones los entregan a los entes que los pueden utilizar como la FGR, la PGR, su actuación solo sería una contribución a la justicia salvadoreña.

Lo ha dicho la población y diplomáticos prestigiosos acreditados: solo los corruptos y criminales pueden sentir miedo de una comisión que investigue la impunidad, la corrupción y la criminalidad. Internacionalmente tenemos muchos ejemplos recientes de que las cosas públicas deben manejarse con verdadera transparencia.

Quien nada debe nada teme. CICIES, El Salvador os espera.

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