¡Necesitamos una Corte de Cuentas que haga su trabajo!

Un aspecto fundamental que debe existir en todo Estado para que funcione bien es que haya un uso adecuado de los recursos públicos, a efecto de que pueda cumplir sus fines y responder de mejor manera a las necesidades de la población. Para ello se requiere de un efectivo control de fondos públicos; sin embargo, la entidad encargada de ello, que es la Corte de Cuentas de la República (CCR), no ha hecho su trabajo.
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De conformidad con nuestra Constitución, a la CCR le corresponde la fiscalización de la Hacienda Pública y de la ejecución del Presupuesto, y debe ser independiente. Asimismo, le compete la función jurisdiccional en materia de juicio de cuentas. El problema que se ha tenido es que ha carecido de independencia de los partidos políticos y de los gobiernos, lo que ha redundado en ser muy discrecional y en no cumplir su rol de cuidar las arcas del Estado.

Los despilfarros en el Estado, el abuso en el uso de los recursos públicos, los actos de corrupción y las irregularidades en las compras públicas y en contrataciones tienen un efecto directo en la población, ya que son recursos que dejarán de llegar a escuelas, hospitales, Policía y a la Fiscalía. Es decir, afecta la calidad de vida de todos los salvadoreños, además de constituir una violación al orden jurídico. Estas acciones no deben tolerarse, ya que en nuestro país las finanzas públicas tienen muchas limitaciones, los recursos son escasos y las necesidades de la población son enormes.

En estos momentos se está llevando a cabo en la Asamblea Legislativa el proceso de elección de 3 magistrados de la CCR, para sustituir a los actuales que terminan sus funciones el 30 de julio del presente año. Se han inscrito 36 candidatos para ser electos y dicho proceso me parece que está repitiendo errores del pasado, pues no se está conduciendo de forma apropiada, ya que como se puede advertir en las entrevistas que ha estado realizando la comisión respectiva, pareciera que las mismas son para cumplir el trámite: breves, superficiales, con 4 preguntas simples y en abstracto, y no haciendo cuestionamientos basados en el expediente y trayectoria del candidato. Este proceso debería ser todavía más riguroso cuando se trata de personas que desean reelegirse, tal como está sucediendo, pues ya no tiene que ver con sus planes para conducir la institución, sino con evaluar objetivamente lo que ha hecho al frente de la misma para frenar el abuso en el uso de los fondos públicos, o si al contrario ha sido omisivo, permisivo y complaciente con dicho abuso.

Es importante que se respete la jurisprudencia constitucional, a efecto de que el proceso sea transparente, se privilegie la idoneidad y la honorabilidad, y desde luego que se elija a personas independientes de los partidos políticos, pues de lo contrario la elección se expone a una declaratoria de inconstitucionalidad, tal como ya sucedió en cuatro ocasiones en la CCR. Dentro del corto y mediano plazo, habrá que impulsar reformas constitucionales para que la elección ya no se haga con 43 votos de los diputados sino con 56, que es lo que ha facilitado el cuoteo partidario; así como para separar las funciones de fiscalización de las jurisdiccionales.

Algunas instituciones han dado señales positivas promoviendo la transparencia y la lucha contra la corrupción, tales como: la Fiscalía, Probidad y el Instituto de Acceso a la Información Pública; ojalá que la CCR asuma su responsabilidad exclusivamente a favor del interés público y no de otros intereses. ¡Necesitamos una CCR que haga su trabajo!
 

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