Neighborhood Watch

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Para fines del siglo XIX, la delincuencia en nuestro país era incontrolable, abatiendo particularmente a los caficultores de la zona occidental, por lo que es en 1889 que se crea la Policía Rural Montada, con funciones de gendarmería en los departamentos de occidente; seis años después se crea la Ley de Policía por medio del Decreto Legislativo del 12 de mayo de 1895, en la cual se autorizaba a la municipalidad a nombrar inspectores de Policía, los que debían de recibir el apoyo de toda autoridad, terratenientes o habitantes de las ciudades donde estos se desempeñarían.

Después se crearon las patrullas cantonales, las cuales eran una extensión del servicio militar, que terminaba en los regimientos respectivos, pero los conscriptos continuaban desempeñándose como miembros de la seguridad civil de aquella época; esas patrullas estaban compuestas por un comandante primero, un comandante segundo, un sargento y un cabo; esa estructura no estuvo totalmente regularizada, ya que en ciertos lugares del país, como el caso de La Unión, los comandantes eran llamados “comisionados cantonales”, los que por el mote diferente, algunas veces no eran reconocidos como parte de la estructura militar.

Estos controles civiles se degeneraron cuando fue creado ORDEN (Organización Democrática Nacionalista) en 1961, la que se desmanteló oficialmente en 1979, debido a que fue utilizada como frente de inteligencia militar, para combatir los movimientos contrarios a los gobiernos militares; el control directo de ORDEN lo tuvo ANSESAL (Agencia Nacional de Seguridad Salvadoreña).

Actualmente, los controles ciudadanos son ejercidos por grupos denominados National Neighborhood Watch, grupo que nació en 1972 por iniciativa de la Asociación Nacional del Sheriff, o Vigilancia Vecinal, los que aplican el sistema llamado SARA; estos controles normalmente no están armados, pero tampoco se los prohíbe la ley, ya que mundialmente las personas pueden poseer armas legalmente permitidas, con más o menos controles.

La iniciativa de organizarse es muy buena, porque a falta de vigilancia policial, bueno será el cuidado de los ciudadanos cooperadores. Debemos comprender que con la histórica experiencia que relaté al principio, lo que se necesita es que se ejerza un control de Estado y no de gobierno, debido a que los gobiernos son transitorios y el Estado es permanente; la salida legal la da la Constitución en sus artículos 1, 2, 7 y 13, la que razonablemente le permite al ciudadano que se organice y vele por su seguridad, hasta el deber cívico de capturar al delincuente en flagrancia o in fraganti, poniéndolo a la orden de las autoridades correspondientes.

Ahora bien, el hecho que altos secretarios del actual gobierno acudan a estos argumentos, o que no les sea incómoda la idea, nos da la percepción de lo que este gobierno está enfrentando en materia de seguridad. Desde mi óptica, los planes que se han implementado han dado frutos totalmente positivos, pero nuestra falta de producción, que dé los dineros necesarios para el combate frontal a la delincuencia, nos hacen pensar en forma seria que la necesidad de que colaboremos en la frase “la seguridad es tarea de todos” es una realidad que debe ser implementada ahora, no mañana, ahora.

A lo anterior le debemos quitar los motes pasionistas de que el delincuente hay que exterminarlo, NO, al delincuente hay que reinsertarlo en la sociedad, porque el hecho de que haya tanta criminalidad es culpa de todos, ya que a los políticos los elige el pueblo y por eso, la culpa también es del pueblo, por no exigir a tiempo que se enmiende lo errático.

El Salvador somos todos, ahora, no hace 20 años.

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