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Nepotismo: Un abuso de nuestros impuestos

La semana pasada se divulgaron datos oficiales de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Asamblea Legislativa que muestran claros hallazgos de nepotismo, derroche de recursos del Estado y corrupción al interior de la institución. Estos hechos no solo afectan las finanzas del Estado; la desconfianza que se genera en un órgano fundamental de Estado es una situación que atenta contra el sistema republicano.

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Centro de Estudios Jurídicos

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Como Centro de Estudios Jurídicos condenamos la desproporcionada cantidad de plazas existentes en la Asamblea Legislativa, innecesarias para la función natural de este órgano del Estado, que es primordialmente la labor de legislar. En los últimos 20 años, se ha cuadruplicado la planilla legislativa sin que la población perciba una mejora en la labor del Órgano Legislativo.

Además, rechazamos las prácticas irregulares y antiéticas de contratación de personal, como la contratación de familiares (nepotismo), de personal sin idoneidad, de amistades y de operadores políticos, muchos de los cuales ni siquiera realizan su labor al interior de la Asamblea Legislativa. Criticamos la contratación de exdiputados como asesores legislativos, luego de que estos han perdido una elección. Cuando la población ha manifestado su voluntad en las urnas, la Asamblea no debe utilizarse como un medio de manutención de estas personas.

También condenamos la contratación y uso de empleados legislativos para realizar trabajo partidario y territorial a costa del tesoro público. Se trata de un abuso de los fondos del Estado que podría constituir en malversación.

Por último, reprobamos que la Asamblea Legislativa no cuente con un mecanismo de verificación de asistencia de todo el personal, de evaluación del trabajo realizado y de control de resultados.

Por lo anterior, el Centro de Estudios Jurídicos demanda a la Asamblea Legislativa que realice una auditoría externa en la que se determine el número real de plazas con las que debe funcionar dicho órgano para realizar la función de legislar y las demás contempladas en el artículo 131 de la Constitución. Deberá proceder a la supresión de plazas que resulten innecesarias, respetando los derechos de las personas que acrediten el adecuado cumplimiento de su trabajo. Además, debe aprobar cuanto antes el proyecto de Ley de la Función Pública, regulando el ingreso y la permanencia en el servicio civil, con base en méritos e idoneidad para los cargos.

Exigimos al Tribunal de Ética Gubernamental que haga cumplir la Ley de Ética Gubernamental iniciando los procedimientos sancionatorios contra las personas que avalaron las contrataciones irregulares y contra todo aquel empleado público que recibe un sueldo sin realizar una labor para ello.

Solicitamos a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la República que realicen las investigaciones civiles y penales bajo su competencia, con relación al uso indebido de fondos públicos y al posible cometimiento de enriquecimiento ilícito, previsto en la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos y en el Código Penal.

Exhortamos a todos los partidos políticos a que de forma voluntaria inicien inmediatamente una labor de depuración de su planilla pagada con fondos de los contribuyentes. El desprestigio popular del Órgano Legislativo afecta la confianza de la población en el sistema republicano y atenta contra las bases de nuestro Estado de Derecho.

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