Ninguna estrategia antidelincuencial funcionará si la ley no se impone como se debe

Si la ley deja de hacerse sentir, de nada sirve su vigencia; y, por el contrario, lo que se va imponiendo es la ley de la selva, que es el signo de la anticivilización.
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Cuando se habla de inseguridad, y sobre todo de una inseguridad que azota de manera tan inmisericorde como la que padecemos en nuestro país, fácilmente se entra en situación de desconcierto; y eso justamente es lo que le pasa a la institucionalidad frente al gran desafío que tiene inevitablemente entre manos en relación con el auge del crimen y con la desafiante actitud de los criminales. Lo que resulta más patente a la luz de lo que ocurre en el día a día es ese desconcierto de la institucionalidad que, al juntarse con la creciente insatisfacción de la ciudadanía por lo que está teniendo que vivir y sufrir a diario, produce un efecto muy peligroso, como es la tentación de tomar la ley por propia mano.

Es algo tan elemental que ni siquiera debería ser objeto de discusión en ningún sentido y bajo ningún concepto: la ley existe para ser cumplida; y si no se cumple, por la razón que fuere, lo que entra en crisis es el Estado de Derecho, y más aún, la misma supervivencia normal de la sociedad en lo que eso ocurre. El riesgo principal no es llegar a un Estado fallido, como se dice en calificativo que despierta de inmediato tantas resistencias, sino desembocar en una sociedad que ha perdido su capacidad de defenderse a sí misma con los recursos legítimos de la institucionalidad, y por consiguiente se comporta como un barco a la deriva.

No estamos aún en tal situación, pero las amenazas de llegar a ella son reales y se incrementan constantemente. Si enfocamos la entraña de lo que está sucediendo en el país en lo tocante a los distintos aspectos y manifestaciones de la inseguridad, lo primero que resalta es el hecho de ese retraimiento de la legalidad ante los embates de la criminalidad, que se ha organizado cada vez más, hasta el punto de estar tomando a su antojo atribuciones que son exclusivamente propias de la autoridad legal, como son el control territorial y la imposición de tributos. Esto quedó palmariamente comprobado en la reciente campaña electoral, cuando los mismos actores políticos tenían que someterse a las disposiciones de las pandillas en el terreno.

Todos los indicios apuntan a que las organizaciones antisociales y delincuenciales están infiltrándose de manera expansiva dentro de las diversas estructuras de gestión tanto públicas como privadas. Y esa es una perversión desnaturalizadora que es preciso mantener en constante vigilancia, para que la situación actual no se siga asentando como un fenómeno que ya se volvió propio de la normalidad, que es lo que pasa cuando las distorsiones se dejan estar sin consecuencias. Aquí hay, entonces, otra razón fundamental para revitalizar a fondo el imperio de la ley, que es lo que garantiza que la sociedad pueda funcionar conforme a los principios y valores de una convivencia ordenada y segura.

Si la ley deja de hacerse sentir, de nada sirve su vigencia; y, por el contrario, lo que se va imponiendo es la ley de la selva, que es el signo de la anticivilización. Desafortunadamente, nuestro país ha venido experimentando tal fenómeno desquiciante, que habría que atajar de inmediato para no llegar en ningún caso o sentido a la inviabilidad histórica.

Hoy, cuando la lucha electoral prácticamente ha pasado, ya no hay ninguna excusa válida para no entrarle de lleno al tratamiento eficaz de la inseguridad que se vive. E insistimos en el imperativo de que la ley se imponga sin excusas ni pretextos. Sólo así habrá presente viable y futuro accesible.

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