Lo más visto

Más de Opinión

No aprueban Presupuesto 2017

La gente está cansada de pleitos: quiere soluciones. ¿Podrá el Gobierno adoptar una posición responsable, corregir el Presupuesto, cumplir con el Acuerdo Fiscal, alejarse del impago y evitar otra degradación más de las calificadoras?
Enlace copiado
No aprueban Presupuesto 2017

No aprueban Presupuesto 2017

No aprueban Presupuesto 2017

No aprueban Presupuesto 2017

Enlace copiado
Se cerró el año legislativo sin aprobarse el Presupuesto 2017, porque la mayoría de legisladores vieron que no trae todos los gastos que se darán, lo que equivale a un déficit escondido que, igual que en los años anteriores, se terminaría pagando con más LETES. En el pasado reciente esto fue ignorado y ahora es la causa principal de la aguda crisis fiscal en que ha sumido el Gobierno al país.

¿Por qué esta anomalía de presupuestos incompletos que no reflejan la realidad? Porque si se sobreestiman los ingresos y no se ponen todos los gastos, el proyecto de Ley de Presupuesto está “equilibrado” –aunque sea falso–, y su aprobación solo necesita mayoría simple. Contrariamente, si se ajusta a la realidad, se conocería el verdadero tamaño del déficit escondido y requeriría primero la aprobación de créditos para financiarlo, lo cual necesitaría votación calificada: 56 votos parlamentarios.

Esta práctica que resulta en grandes diferencias entre lo presupuestado y lo ejecutado comenzó a hacerse entre 2006-2008, porque el FMLN no le aprobaba los préstamos al Gobierno, y se desbocó a partir de 2009, transformándose en un abuso extremo en las dos últimas administraciones, para dar espacio a un populismo insaciable. Por tanto, no es cosa de colores políticos, sino que de malas prácticas que, por no corregirse a tiempo, han sumido al país en, quizás, la más grande crisis fiscal de la historia de El Salvador.

Tan acostumbrados han estado los dos últimos Gobiernos a ejercer una presión político-financiera para obtener autorizaciones de más y más préstamos (se le han aprobado $5,500 millones) que, aunque se estaba en medio de negociaciones de un acuerdo fiscal –su primera reunión fue el 15 de julio–, ignoró los principios técnicos que ya se planteaban y presentó un proyecto de Presupuesto que increíblemente no incluye todos los gastos, manteniendo las malas prácticas de programación financiera.

Ya están violando el Acuerdo Fiscal, firmado el 10 de noviembre por el presidente de la República y el presidente de ARENA, con el aval de todos los partidos políticos.

El Acuerdo dice, numeral 3: “La mesa fiscal continuará trabajando para garantizar la sostenibilidad fiscal, abordando los siguientes temas: ...(b) Seguimiento a medidas de implementación de Ley de Responsabilidad Fiscal; ...(d) Ley de IPSFA y financiamiento de pensiones de la FAES; (e) Escalafón de Salud; (f) Resolución de la Sala de lo Constitucional sobre reforma a la Ley FOP y financiamiento de pensiones de 2017; (g) Financiamiento del Presupuesto extraordinario del TSE; (h) Cumplimiento de la Ley de Veteranos de la FAES y del FMLN”. Seguidamente, el numeral 5 del Acuerdo dice: “Incorporar al Presupuesto General del Estado 2017 las modificaciones que correspondan a los acuerdos que se adopten en los temas consignados en el numeral 3”.

Nada de eso se está cumpliendo. El primer paso consiste en “incorporar al Presupuesto” todos esos gastos señalados, que suman unos $309 millones, más $13 millones en presupuesto extraordinario para las elecciones de 2018. Son $322 millones, sin considerar que falta asignar unos $280 millones para cubrir verdaderamente con la devolución de impuestos y los subsidios al GLP y la electricidad.

Muchos dicen: “es de esperar que los políticos se pongan de acuerdo y aprueben el Presupuesto”. El problema no es de “acuerdos”, es de decisión del Gobierno para incluir esos gastos y, al mismo tiempo, anunciar qué ajustes hará para no sobrepasar el límite de déficit de 2.5 % del PIB que requiere la Ley de Responsabilidad Fiscal.

¿Por qué le cuesta tanto al Gobierno hacer eso? Simplemente porque las medidas para corregir el desorden fiscal requieren de más impuestos y grandes recortes de gastos, y eso tiene fuertes costos políticos. Entonces, en vez de presentar soluciones caen en un infantilismo político y lanzan ataques contra la Corte Suprema, empresa privada, sindicatos, la oposición y hasta los medios de comunicación.

La gente está cansada de pleitos: quiere soluciones. ¿Podrá el Gobierno adoptar una posición responsable, corregir el Presupuesto, cumplir con el Acuerdo Fiscal, alejarse del impago y evitar otra degradación más de las calificadoras? Se terminó la hora de la politiquería buscando compartir los costos políticos de corregir una irracional gestión financiera del Estado. Asuman seriamente su responsabilidad como gobernantes.

Lee también

Comentarios