Lo más visto

No basta con elegir a los mejores

El proceso para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha sido intenso. Ahora estamos por iniciar la recta final ante la Asamblea Legislativa.
Enlace copiado
Enlace copiado

A esta etapa llegaron algunos candidatos impresentables, otros con excelentes credenciales y reconocida integridad. Algunas buenas opciones se quedaron en el camino.

Esta vez hubo una mayor exigencia ciudadana para que los distintos protagonistas –las asociaciones de abogados, FEDAES, y el CNJ– elijamos a los mejores candidatos. Y esa presión social no debe cesar en este último tramo.

Pero es insuficiente asumir que basta con tener abogados excelentes e íntegros en la Corte. Un gobierno de leyes y no de hombres, que exigía John Adams, supone no depositar la confianza solo en la integridad o capacidad de los funcionarios. En la Corte y el tribunal constitucional, además de excelentes profesionales, necesitamos más y mejores controles. Y parte de ello pasa por revisar la legislación procesal constitucional.

En un reciente artículo el candidato a magistrado Aldo Cáder –propuesto por el CEJ– puso nuevamente en el debate la necesidad de reformar la Ley de Procedimientos Constitucionales. Se refirió, en particular, al problema que supone a la seguridad jurídica la falta de orden en los tiempos y turnos para admitir las demandas en procesos constitucionales.

La renovación de la Sala de lo Constitucional debe acompañarse de reformas que incluyan mejores controles. De manera que la atención que en estas próximas semanas pondrá el congreso en la elección de magistrados debe aprovecharse para impulsar la discusión y aprobación de la nueva Ley Procesal Constitucional.

Debe evaluarse si es momento para sustituir el proceso escrito por uno que incluya audiencias. La jurisdicción civil y mercantil, hace unos años, y la jurisdicción contencioso administrativo, hace unos meses, mutaron a sistemas mixtos. Incluyendo la oralidad han fortalecido la inmediación en la impartición de justicia.

Esto no sería nuevo para la Sala de lo Constitucional. Por las particularidades de ciertos casos, la Sala ha innovado incorporando audiencias en la prosecución de algunos casos. La experiencia ha sido satisfactoria.

Un problema que la discusión de una nueva legislación también debe abordar es la demora en resolver. Se trata de un problema histórico; y la Sala, aunque con avances significativos, todavía tiene deudas en esto.

En los procesos constitucionales deben fijarse plazos para emitir las resoluciones, y consecuencias en caso de incumplimiento. Ya en otras materias se disponen multas a los funcionarios que sobrepasan los plazos procesales. La jerarquía de la Sala no debería ser un obstáculo para aplicarle medidas similares.

La transparencia es un excelente control. De manera que la discusión de una nueva Ley Procesal Constitucional también puede ser oportuna. Una reforma legislativa podría prever que las sesiones y deliberaciones del tribunal para tomar sus decisiones se registren en medios audiovisuales. Si bien tales grabaciones no podrían hacerse públicas antes de la emisión de las sentencias, una vez notificadas, los ciudadanos deberían tener pleno acceso a ellas. Así podrían constatar si las razones que fundamentan las decisiones de la Sala de lo Constitucional coinciden con las que formalmente aparecen escritas en las sentencias.

Necesitamos que la Asamblea elija a los mejores, y esta tiene buenas opciones a su disposición, pero complementariamente debe mejorar los controles al poder; esta es una opción.

Lee también

Comentarios