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No basta con resolver la crisis fiscal actual, porque lo que hay que asegurar es la estabilidad financiera del Estado en función del progreso del país

Temas como la reforma del sistema de pensiones, el estímulo claro y cierto a la inversión tanto interna como externa y la limpieza institucional para evitar que la corrupción siga minando al sistema son inexcusables en la agenda que conduzca al tratamiento sensato y realista de toda la problemática.
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Desde hace mucho tiempo, las finanzas públicas vienen estando prácticamente en el aire, atenidas al endeudamiento y a los ajustes ocasionales que no resuelven los desajustes de fondo. La falla principal del sistema es sin duda el no haber podido construir y cimentar un crecimiento económico suficiente y sostenido en el tiempo, porque la única vía para garantizar estabilidad y progreso está en la activación de las energías productivas en el nivel que corresponde para que los fondos fluyan de manera natural. Se habla de estos temas y cuestiones de manera recurrente, pero lo que no hay es un juego de iniciativas conducentes hacia la generación de estímulos y de incentivos para que el país entre en la vía del despegue real.

Este año 2017 ha sido y sigue siendo una especie de vitrina dramática del estado calamitoso al que han llegado las finanzas públicas. El choque de los círculos viciosos ha llegado al punto en que ya no hay avance posible si no se entra en una nueva fase de replanteamientos y de entendimientos. Aquí se juntan la ineficiencia en la gestión pública y el atascamiento en la interacción política. De modo tambaleante se ha llegado hasta este momento, con un impago selectivo en el camino; pero en verdad ya hay muy poco de dónde tirar, y hoy ya se está en el punto de vender activos públicos para allegarse algunos fondos. Según declaraciones del titular de Hacienda se requieren 300 millones de dólares para “nivelar” el Presupuesto del año en curso. ¿Qué significa eso? Sencillamente que, como tanto se advirtió, dicho Presupuesto nació interesadamente desfinanciado, y por ende artificiosamente estructurado.

Puestas así las cosas, y con el Presupuesto General de 2018 a las puertas, lo único sensato y funcional es ponerse a trabajar de inmediato en la estructuración de un pacto fiscal que aglutine a todas las fuerzas políticas, en función de salir de la crisis y de evitar que ésta se repita. Y para lograr dicho pacto habría que empezar por definir un método de negociación que supere desde el primer instante las pantomimas de diálogo que han estado tan en boga. Lo primero que habría que acordar es la disposición a conjugar voluntades para obtener consensos verdaderamente significativos. Sin este acuerdo previo nada va a arrancar en serio, y lo que se vendría es más ineficiencia, más entrampamiento y más ahogo nacional.

Si bien hay que revisar minuciosamente todo lo que se refiere a potenciar los ingresos y a ordenar los gastos, esto hay que vincularlo íntimamente con los dinamismos impulsores del crecimiento económico. Temas como la reforma del sistema de pensiones, el estímulo claro y cierto a la inversión tanto interna como externa y la limpieza institucional para evitar que la corrupción siga minando al sistema son inexcusables en la agenda que conduzca al tratamiento sensato y realista de toda la problemática. Aquí la política debe dar muestras palpables de responsabilidad, que es lo que más viene faltando sobre todo en los tiempos más recientes.

Las soluciones definitivas, por la propia naturaleza de los asuntos en cuestión, no se lograrán a un plazo muy corto, y por consiguiente hay que establecer una plataforma que abarque el plazo inmediato, el corto plazo y el largo plazo. Hay que dejar de hablar y comenzar a hacer. En este punto como en tantos otros, el enfoque nacional tiene que ser la norma básica de trabajo, porque sólo de la integración de esfuerzos saldrán las respuestas sustentables.
 

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