No demos tregua a la hipocresía

El pasado 30 de marzo, en un artículo titulado “Duelo de hipócritas”, quien estas líneas escribe sostenía que solo una ciudadanía intolerante con la falsedad, el disimulo y los dobles discursos hará posible que nuestros políticos tengan presente el respeto que nos deben. Sin esa presión de la sociedad, quienes están acostumbrados a mentir impunemente seguirán creyendo que pueden salirse con la suya.
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Ya transcurrieron varias semanas desde que dos funcionarios de ARENA aparecieron negociando con pandilleros en un video escandaloso, tanto más injustificable cuanto exhibía a figuras de la oposición haciendo exactamente lo que su partido venía criticando con dureza al gobierno. Tamaña desvergüenza, sin embargo, no ha tenido ninguna consecuencia visible al interior de ARENA. De manera insólita, el diputado involucrado en el asunto sigue siendo un importante vocero de su partido, y hasta se le menciona como un serio aspirante a ocupar puestos de dirección. ¡Para quedarse helado!

La hipocresía del FMLN ya era patente mucho antes que El Faro revelara otro audio de escándalo, esta vez implicando al actual ministro de Gobernación. Lo interesante de esta nueva plática entre políticos y pandilleros –encuentro cronológicamente cercano al protagonizado por el diputado Muyshondt y el alcalde Ruano– es que ratifica al menos dos cosas: primero, que sí existieron compromisos electorales entre dirigentes del FMLN y las maras en 2014, y segundo, que el fondo de aquellas negociaciones puede llegar a ser tan oscuro, incluso de cara a los comicios de 2018, que los funcionarios implicados prefieren decir las peores sandeces antes que asumir su responsabilidad.

“En ningún momento se ha negociado prebendas fuera de la ley”, ha afirmado sin embarazo el ministro Arístides Valencia. “Ayudar a sacar el DUI y estimular al voto es legal y legítimo”. ¡Asombroso! ¿Por qué este tipo de declaraciones recuerdan tanto las justificaciones de Ernesto Muyshondt, que alegaba haberse reunido con pandilleros para presentarles el plan de seguridad del Dr. Norman Quijano?

El concepto de legalidad que maneja el ministro de Gobernación es demasiado elástico, mientras que el de legitimidad es simplemente inaceptable. Olvida este alto funcionario que un líder de maras tiene prohibido, por ley, ejercer el derecho al voto. Facilitar la emisión de documentos de identidad a criminales es, en sí mismo, un delito, ya no digamos si a esos criminales a los que se pretende “estimular” como electores han terminado siendo declarados “terroristas” por el máximo tribunal de justicia del país. A partir de estas consideraciones hasta nos podemos olvidar de la legalidad: ¡es la ilegitimidad moral de las acciones del ahora ministro lo que más choca a la conciencia de la ciudadanía honrada!

¿Pero qué hacen ARENA y el FMLN ante estas bochornosas actuaciones de algunos de sus más conspicuos miembros? ¿Los sancionan? ¿Les descalifican como voces partidarias autorizadas? No. En lugar de eso los amparan, los protegen, los disculpan. De Muyshondt se ha llegado a decir que sus intenciones fueron nobles, incluso “heroicas” (¿¡!?); del señor Valencia se dirá cualquier cosa, pero seguro que nadie en el Frente pedirá la intervención de la Fiscalía como se exigía contra Muyshondt. (Y eso que el diputado opositor al menos puede decir, en una especie de defensa comparativa, que él no estaba en capacidad de garantizarle el DUI a ningún pandillero).

Muy mal andan las cosas en ARENA si su institucionalidad no logra neutralizar a personajes como Ernesto Muyshondt. Peor andan las cosas en el FMLN si uno de sus diputados, ahora ministro, se atrevió a prometerle DUI a dirigentes pandilleros. ¿Y qué hacemos, mientras tanto, los ciudadanos? ¿Seguiremos aceptando que los principales partidos ofrezcan tregua a sus respectivos hipócritas?

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