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Sandra de Barraza

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Al límite de tiempo, 100 días, el presidente anunció la "instalación de la CICIES". Fue oferta de campaña para responder al sentimiento ciudadano por erradicar la corrupción y la impunidad.

La gente está indignada por casos de corrupción de 700 millones de dólares o más que fueron investigados por la Fiscalía General de la República y condenados por el sistema de justicia. Faltan otros casos, pero en nuestro país bastó voluntad y decisión nacional. En nuestro país bastó apoyo internacional puntual, oportuno y eficaz, para enviar a la cárcel a los culpables. No se necesitó CICIES.

Se ha vendido que para combatir la corrupción y la impunidad se necesita una instancia internacional como la CICIG en Guatemala. Y la campaña del actual presidente de la República supo interpretar ese sentimiento y la ofreció. Decir y hacer algo antes de 100 días fue obligado.

Debe tenerse claro que nuestra institucionalidad es diferente a la del país vecino. En Guatemala el fiscal es electo por el presidente del Órgano Ejecutivo, cuestión que acá nunca va a suceder. Y en Guatemala el mismo presidente tiene la potestad de decidir quién y cómo apoya a la Fiscalía.

Aquí, la Fiscalía es electa por mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. Aquí, la Fiscalía dirige la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil y de los organismos especializados en la investigación. Aquí, la Fiscalía recaba las pruebas pertinentes para la comprobación de delitos y la responsabilidad de imputados. Aquí, la Fiscalía fundamenta acciones penales. Aquí, la Fiscalía promueve el enjuiciamiento de los indiciados por delitos y faltas ejerciendo acción penal de oficio o a petición. Aquí, la Fiscalía defiende los intereses fiscales y representa al Estado en toda clase de juicios. Y aquí, la Fiscalía ejerce acciones que sean procedentes para hacer efectiva la responsabilidad civil, penal o administrativas de funcionarios y empleados públicos y municipales.

Aquí, la Asamblea Legislativa elige por mayoría calificada al fiscal general de la República. Aquí, la Asamblea Legislativa ratifica tratados o pactos que celebra el Ejecutivo con otros Estados u organismos internacionales. Y es la misma Asamblea la que deniega su ratificación.

Aquí, el presidente de la República vela por la eficaz gestión y realización de los negocios públicos. Aquí el presidente organiza y conduce la Policía Nacional Civil para el resguardo de la seguridad pública. Aquí el presidente celebra tratados y convenios internacionales, los somete a la ratificación de la Asamblea Legislativa y vigila su cumplimiento. Y aquí, la Policía Nacional Civil (PNC) colabora (con la Fiscalía) en el procedimiento de investigación del delito.

¿Qué dijo el viernes el presidente? Reconoció públicamente que el principal espacio para la corrupción está en el ámbito de su competencia. Reiteró su compromiso de luchar contra la corrupción. Priorizó 3 instituciones, además de la PNC.

Al Ministerio de Hacienda que debe organizar, dirigir y controlar la recaudación de fondos públicos con el auxilio de bancos e instituciones financieras; y debe prevenir y perseguir el contrabando en todas sus formas con el auxilio de todas las autoridades.

A la Dirección General de Aduanas, dependencia del Ministerio de Hacienda, que debe investigar, supervisar, verificar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones aduaneras y de comercio exterior. Debe prevenir e investigar infracciones administrativas, tributarias y penales.

A la Superintendencia del Sistema Financiero que debe examinar todos los negocios, bienes, libros cuentas, archivos, documentos y correspondencia de las instituciones sujetas a su control; y debe requerir todos los antecedentes y explicaciones necesarias para esclarecer cualquier caso que le interese.

Si estas 4 instituciones hacen su trabajo y proceden según el marco legal vigente, otro escenario nos esperaría con CICIES o sin esta. A 100 días no hay CICIES. Con la Organización de Estados Americanos (OEA) se firmó una carta de intención de establecer una CICIES y a firmar un convenio una vez se cumplan los procedimientos legales internos.

Los delegados tienen tres meses de plazo para formular una propuesta viable de "apoyo, fortalecimiento y colaboración activa con las instituciones encargadas de prevenir, investigar, sancionar actos de corrupción y otros delitos conexos". ¿Qué propondrán?

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