No esperemos más para modernizar la administración

Han transcurrido más de 20 años desde que se elaboró el primer proyecto de Ley de Procedimientos Administrativos. Desde entonces, en el gremio, en la academia y en ciertos sectores de la administración pública, ya existía una generalizada aceptación sobre su necesidad.
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Sin embargo, por razones que no terminan de estar claras y sobre las que preferimos no especular, la decisión de aprobar un cuerpo normativo que regule y unifique los procesos administrativos ha venido siendo postergada año con año. En el CEJ consideramos que ya es suficiente el tiempo perdido y que no podemos dejar que transcurra un período más sin que tal ley se convierta en realidad.

Y es que por esta carencia, día con día los ciudadanos administrados nos vemos expuestos a la discrecionalidad y arbitrariedad de los funcionarios, sin que podamos tener certeza sobre las reglas aplicables a asuntos tan básicos como la obtención de un permiso, o la expedición de un documento público o la calificación de un lugar; ni mucho menos conozcamos los procedimientos aplicables a la imposición de una sanción administrativa o al ejercicio de la facultad recursiva en sede administrativa.

Una Ley de Procedimientos Administrativos no solo permitiría dar fin a la absurda dispersión de leyes que hoy rigen la materia, sino que además cubriría importantes vacíos normativos que por ratos ha intentado llenar la jurisprudencia contencioso administrativo. Nos referimos a aspectos medulares tales como los supuestos de nulidad de los actos administrativos o los supuestos en que la administración puede revocar sus decisiones previas.

Por otra parte y en un sistema como el nuestro, una administración eficiente precisa reglas claras que le permitan conducirse apegada a la legalidad y respetando principios esenciales a la administración pública como el de proporcionalidad, eficacia, buena fe y lealtad, verdad material y simplicidad, por mencionar algunos.

Tan cierto es lo anterior, que El Salvador está quedando como uno de esos pocos países –vistos de manera extraña– en que no existe una ley que regule los procedimientos administrativos. En todas partes se da por sentado que una administración moderna precisa de estas reglas. ¿Cuándo entenderemos eso en nuestro país?

No podemos dejar de mencionar que sabemos que en este momento hay algunos indicios de que se quiere retomar el esfuerzo realizado varios años atrás por expertos en la materia y que –una vez más– en la Presidencia de la República se está considerando darle iniciativa al proyecto de Ley de Procedimientos Administrativos.

Lo que no queremos es que vuelva a ocurrir lo que ya sucedió en administraciones anteriores, en que no se pasó de las buenas intenciones, por lo que urgimos a la Presidencia de la República para que en el más breve plazo y con las correcciones que estime oportunas, presente a la Asamblea Legislativa el referido proyecto.

Esto, desde luego, debe venir acompañado de otra impostergable tarea: la necesidad de contar con una iniciativa de ley a través de la cual se creen nuevas instancias en materia contencioso administrativo y se reestructure el actual proceso contencioso administrativo.

La modernización de la que hablamos también implica acercar la justicia contencioso administrativa a los ciudadanos en todo el país, conlleva simplificar los procesos judiciales que se promueven en esa sede, ampliar las áreas de conocimiento de los tribunales competentes y dotar a esos mismos procesos de las características de oralidad, inmediación y concentración que ya se practican en otras áreas.

Queremos creer que esta vez sí veremos los respectivos proyectos en el seno de la Asamblea Legislativa, que pronto iniciarán las discusiones de los mismos, que tales discusiones se realizarán de manera transparente y que los miembros de la sociedad civil podremos realizar nuestras respectivas aportaciones. No esperemos más.

Tags:

  • ley de procesos administrativos
  • estudios juridicos
  • arbitrariedad
  • documento publico

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