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No estamos acostumbrados

Si nuestras instituciones siguen haciendo su trabajo, si se deja que las instituciones hagan su trabajo, si se exige que las instituciones hagan su trabajo, podemos vivir sin CICIES. Ojalá que esa sea la opción.
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La actuación de la Fiscalía General de la República da mucho de qué hablar. En un país en donde la impunidad es la norma generalmente aceptada, es difícil y hasta imposible creer en una actuación “fuera de lo común”.

Lo común es que la gente esté convencida de que cualquier persona que llega a un cargo en la administración pública, especialmente a nivel de dirección, llegue “a componerse”. Esto significa que se tiene el distorsionado convencimiento popular que mientras se ocupe el cargo, la principal ocupación será la de saldar las deudas, pagar la casa, cambiar el carro y organizar vacaciones a Disney con toda la familia. Esto significa que popularmente se cree que todo el que ocupe cargos de decisión hará con lo público lo que quiera para beneficiarse privadamente. Y se cree que esto es así y nada pasa. Esto es lo arraigado en la conciencia popular.

Se tiene tan arraigada la creencia de la “compostura privada con recursos públicos”, que se observa la transformación de vida del vecino que ocupa un cargo de media categoría y nada pasa. Así hemos sido tolerantes ya sumiendo con normalidad el “enriquecimiento ilícito”. Y esto porque los funcionarios en las instituciones responsables simple y sencillamente no han asumido su responsabilidad. De esto venimos, y con esta arraigada creencia, cualquier caso de persecución a la corrupción provoca muchos comentarios.

Y ¿por qué de los comentarios? Porque aparece uno que otro caso. Uno que otro de medio rango y poco o nada pasa porque, insisto, las instituciones que deben velar por la cosa pública como son la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República nos tienen acostumbrados al silencio administrativo, nos tienen acostumbrados al “dejar hacer”, para saldar los acostumbrados favores partidarios. Así, la conciencia popular ha ido haciendo suya la corrupción y la impunidad como hechos “normales”.

Estamos acostumbrados a que no funcionen las instituciones. Por esto, cuando la Sección de Probidad recupera tímidamente su papel, los que se sienten afectados o amenazados, se quejan de persecución partidaria. Digo tímidamente porque no hay evidencia que la Corte Suprema de Justicia, con los recursos presupuestarios que tiene, asigne prioridad a esta Sección que seguramente hace lo que puede con lo que tiene. Muchos demandan públicamente más de esta Sección sin ocuparse de analizar los recursos disponibles ni las limitaciones para que asuma efectivamente su papel.

La arraigada “norma generalmente aceptada” de impunidad justifica la sorpresa de muchos ante el accionar fuera de lo común de la Fiscalía que parece tomar en serio los casos de incremento no justificado en el patrimonio. Hasta ahora se está percibiendo el accionar coordinado de dos instancias clave para luchar en contra de la corrupción y la impunidad, dos instancias que si mantienen la efectividad en sus intervenciones, pondrán en evidencia que no se necesita de una CICIES para combatir la corrupción.

Si por capacidad y orgullo nacional no merecemos una CICIES, debe dejarse que las instituciones hagan lo suyo, y que lo hagan bien. Si no se quiere una CICIES, los representantes de los intereses del pueblo que tienen curul en la Asamblea Legislativa deben actuar de manera coherente. ¿Están comprometidos con la probidad? ¿Están comprometidos en la lucha contra la corrupción, independientemente del partido de simpatía o de militancia? ¿Están comprometidos con la imparcialidad? Hay más preguntas propias y de funcionarios que tienen el mandato internacional de dar evidencia y emitir opinión sobre el desempeño institucional.

Los tiempos han cambiado. La expectativa y exigencia ciudadana han cambiado. Los ojos están puestos en aquellos a quienes se elige para que administren el país, en distintos niveles e instancias, en función del bien común. Hay hechos que salen a luz que están cambiando nuestra acostumbrada normalidad a la impunidad y arbitrariedad porque “rebalsan el vaso”. El caso del nieto del presidente de la República obliga a preguntar si al elegir funcionarios públicos viene incluido el “combo familiar”.

No estamos acostumbrados a que las instituciones funcionen efectiva, justa y transparentemente. Pero... los hechos internos y en países vecinos están estimulando nuevas y esperanzadoras dinámicas. Si nuestras instituciones siguen haciendo su trabajo, si se deja que las instituciones hagan su trabajo, si se exige que las instituciones hagan su trabajo, podemos vivir sin CICIES. Ojalá que esa sea la opción.

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