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No hay que cejar en la lucha contra la corrupción y la impunidad pese a las resistencias y a las maniobras que se activan desde el poder

En términos amplios lo que se requiere en el país es superar definitivamente los viejos esquemas del quehacer institucional, en función de potenciar la transparencia, desarticular la corrupción y desterrar la impunidad. Y esto demanda sensatez, madurez y responsabilidad por parte de todos los actores nacionales.
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En el país se vienen dando durante los tiempos más recientes diversas expresiones indicadoras de que la corrupción y la impunidad, que antes parecían inmunes a cualquier investigación y persecución legal, están cada vez más expuestas a ser descubiertas y quedar sometidas a la justicia. Desde luego, aún estamos en pañales en lo que se refiere a imponerles el debido castigo a las conductas que transgreden la ley en cualquier forma, pero hay señales indicadoras que se va por esa línea. En áreas como la justicia constitucional y el desempeño fiscal es donde mejor puede calibrase dicha tendencia, que sin duda está tomando carta de ciudadanía en el ambiente.

Ante eso, desde las instancias más altas del poder se ponen de manifiesto las reacciones defensivas, con lo cual lo que más se evidencia es la vieja pretensión de que las cosas se sigan haciendo “como yo digo y como yo quiero”, lo cual es en sí una actitud antidemocrática por excelencia. Como hemos subrayado cuantas veces tratamos esta problemática, de lo que se trata en primer lugar para que haya estabilidad y seguridad básicas en los diversos ámbitos institucionales es de que los gestores políticos se autocontrolen sin excepción, porque este deber fundamental no tiene connotaciones ideológicas sino que es parte viva del proceder democrático en el que todos deben comprometerse.

No tienen ninguna validez los argumentos trillados que quieren denunciar “persecución política” cuando lo que hay es investigación en marcha sobre comportamientos sospechosos de abuso y de aprovechamiento indebido, que han sido tan comunes y que quieren seguir siéndolo. Y ahora ya se está usando también el obsoleto argumento de “intervencionismo” contra embajadores acreditados en el país cuando dan su apoyo directo y expreso al fortalecimiento de instituciones como la Fiscalía General de la República, que ha anunciado la puesta en marcha de una unidad de investigación para perseguir la impunidad, ya que la Fiscalía es la encargada, por mandato constitucional, de dirigir la investigación del delito en todas sus formas. Y es especialmente incomprensible que desde las esferas gubernamentales se esté cuestionando la actitud de Estados Unidos, cuyo apoyo al país se ha mantenido firme pese a todos los trastornos que se dan en el ambiente.

En verdad hay que estar siempre en guardia frente a los intentos que se dan persistentemente desde el poder para cerrarles el paso a todas las formas de avance en la dinámica de control legal de los comportamientos institucionales. Y es que una de las áreas que siempre están más expuestas a los embates del poder establecido es el área de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Afortunadamente es cada vez más reconocido, en nuestro ambiente y en todas partes, que no puede haber democracia en serio si no hay libertad de expresión y libertad de prensa realmente salvaguardadas y promocionadas.

En términos amplios lo que se requiere en el país es superar definitivamente los viejos esquemas del quehacer institucional, en función de potenciar la transparencia, desarticular la corrupción y desterrar la impunidad. Y esto demanda sensatez, madurez y responsabilidad por parte de todos los actores nacionales.

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