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No hay que escatimar esfuerzos para lograr que la seguridad vuelva a tener presencia real en nuestro ambiente

Lo peor es resignarse a convivir con el crimen; y por consecuencia el objetivo debe ser abanderar la defensa del Estado de Derecho.

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A medida que ha pasado el tiempo sin que se activen desde los distintos ámbitos institucionales los flujos de medidas que puedan ser verdaderamente eficaces para controlar la actividad delincuencial y para ponerle coto al avance avasallador del crimen organizado, lo que hemos visto crecer en el escenario nacional es la inseguridad más rampante, cuyas depredaciones las sufren descontroladamente tanto las personas como las comunidades y el país en general. Este es un fenómeno que debe ser erradicado desde sus raíces, y para ello se requiere, como tantas veces se ha repetido, una planificación integral y una voluntad de acción que no se detenga.

Hace más de 20 años que se vienen haciendo esfuerzos desde las áreas institucionales para tratar de contrarrestar las avanzadas cada vez más agresivas de las organizaciones criminales; pero está claro, sin lugar a dudas, que lo que se ha puesto sucesivamente en práctica no sólo ha sido insuficiente, sino en algunos casos contraproducente, como fue la perversa tregua entre pandillas, propiciada por el Gobierno de aquel momento, y que para simular una disminución de hechos delictivos se avino a propiciar el fortalecimiento de las estructuras pandilleriles.

En los tiempos más recientes, la criminalidad ha ido tomando posesión de más y más espacios en el país, hasta el punto que en la cotidianidad se vive un permanente choque de fuerzas entre la autoridad legal y los grupos delincuenciales. Todo esto ha llevado a un estado de cosas que se halla en el filo de lo inverosímil, y que desde luego reclama tratamientos que estén muy por encima de las inconsistencias que se vienen repitiendo irresponsablemente. La población ha llegado también al límite de su aguante, y la frustración derivada de ello se ha puesto ya en inequívoca evidencia en el plano político, como lo demuestran los procesos electorales más recientes.

El resultado previsible de la elección presidencial del pasado 3 de febrero es una prueba viva del estado de ánimo ciudadano que ahora prevalece. La gente quiere y demanda efectividad en la lucha contra el crimen en todas sus manifestaciones, y las nuevas autoridades nacionales no tienen cómo desoír tales reclamos, porque han llegado con ese encargo, entre otros de igual envergadura. No es de extrañar, entonces, que el nuevo Gobierno haya arrancado con un conjunto de medidas para atacar de frente al crimen y a los criminales.

La cuestión no es sencilla ni superficial: hay que ir a los fondos y a los trasfondos, dentro de una estrategia bien articulada. Lo que hemos visto hasta hoy, con sólo unas cuantas semanas en funciones, es más que todo el empeño de darle a toda esta problemática los tratamientos que se necesiten para irla sometiendo al imperio de la ley. Según es de esperar, los cuestionamientos críticos se hacen oír, como en lo que se refiere al manejo de los reos en las prisiones y a la participación de la Fuerza Armada en las tareas de seguridad. Pero en todo caso hay que tener presente que no estamos ante una tarea antidelincuencial común, sino frente a una emergencia de seguridad que no puede ser atendida con paños tibios aunque deba estar siempre dentro de los marcos de la legalidad establecida.

Se debe tener plena conciencia de que esta es una lucha que, por su propia naturaleza, durará mucho tiempo, y en sus diversas expresiones tiene que responder a lo que es el fenómeno y a la aspiración de normalidad plena que mueve a erradicarlo. Lo peor es resignarse a convivir con el crimen; y por consecuencia el objetivo debe ser abanderar la defensa del Estado de Derecho, sin sesgos evasivos ni condescendencias distorsionadoras. Si esa es la línea que se sigue, será posible avanzar hacia las metas de seguridad y de estabilidad que son las que están en la mira del sentir ciudadano.

Tags:

  • inseguridad
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  • Estado de Derecho

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