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No hay que tener ninguna condescendencia con la criminalidad y mucho menos allanarle el camino en cualquier forma

Hay que unir fuerzas en esa línea, por encima de las diferencias y de las contradicciones que nunca van a faltar.

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S i comparamos lo que viene siendo el auge expansivo de la criminalidad en los tiempos más recientes con lo que se daba al respecto en épocas anteriores, lo que resulta es un dato devastador: el crimen, en sus variadas expresiones, ha ganado una presencia y desplegado una incidencia que en cualquier otro momento precedente hubiera sido inimaginable. Esta situación tomó impetuoso impulso inmediatamente después de concluido el conflicto bélico interno, y eso constituye un contraste de altísimo impacto que habría que desentrañar en lo que son sus causas profundas y sus detonadores circunstanciales. Pero el hecho cierto es que la delincuencia criminal se ha expandido en forma agresiva, ganando territorialidad creciente y acumulando factores de control poblacional.

Las diversas iniciativas que se han venido poniendo en práctica para revertir este fenómeno tan devastador para el país, su seguridad y su normalidad, se fueron quedando vacías en el trayecto, de seguro porque no eran integrales ni se dirigían hacia las interioridades de tan compleja problemática. La Administración gubernamental que entró en funciones hace poco más de seis meses ha emprendido el Plan Control Territorial, destinado a ponerles coto a las acciones criminales y a perseguir a quienes las realizan en sus distintos momentos. Las primeras señales al respecto dan buena perspectiva en el sentido del control de la criminalidad en el terreno, pero en todo caso hay que esperar los resultados acumulados y progresivos para saber qué va a pasar en definitiva.

Uno de los factores a los que hay que ponerles especial atención es el referente a los vínculos que se han venido dando entre el crimen y el poder. Salen a la luz de manera reiterada evidencias de que la criminalidad organizada ha penetrado también en las esferas institucionales, y en particular en los más altos niveles del poder político. Y esto se da reiteradamente en épocas electorales, pues los partidos están siempre tentados a ganar ventaja para sí del control que tienen sobre todo las estructuras pandilleriles en las diversas comunidades del país. Tal distorsión es perversa en muchos sentidos, y el principal de ellos consiste en empoderar aún más al crimen, ya que los "favores electorales" se cobran con encubrimiento e impunidad. Hay aquí un nudo de altísimo riesgo para la verdadera normalidad, que es lo que habría que salvaguardar en todas las formas posibles.

Vamos a entrar inmediatamente en 2020, un año preelectoral de características muy propias, que en varios sentidos son distintas a las de los períodos preelectorales anteriores en el curso de la posguerra. En esta oportunidad, la competencia política se va a dar entre una nueva fuerza emergente, que tiene como principal motor la figura de su líder, que además ejerce hoy la Presidencia de la República, y las fuerzas partidarias tradicionales, que pasan por un momento caracterizado por los cuestionamientos ciudadanos y por sus debilitamientos estructurales internos. Así las cosas, habría que poner especialísimo empeño en evitar que la criminalidad se beneficie de cualquiera de estos desafíos.

El combate contra el crimen y sus múltiples tentáculos y penetraciones debe ser constante y unánime en el país. No hay que condescender con ninguno de sus objetivos e intereses, porque si eso se sigue haciendo lo que se va a inducir cada día más es la inviabilidad del sistema democrático. Con la ley en la mano y con la responsabilidad política a su servicio, lo que les toca a todas las fuerzas nacionales es sumarse a un combate de fondo contra todas las formas del accionar criminal. Hay que unir fuerzas en esa línea, por encima de las diferencias y de las contradicciones que nunca van a faltar. Esa es la mayor tarea pendiente.

Tags:

  • criminalidad
  • Plan Control Territorial
  • poder
  • año preelectoral
  • ley

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