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¿A quién beneficia la propuesta del gobierno? Al gobierno y no más que al gobierno porque lo saca de apuros. A los 677,500 cotizantes no los beneficia.
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En 2013, los cotizantes al Seguro Social y al INPEP (SPP) fueron 14,508 personas. De 1998 a 2013, el número de cotizantes se redujo en 190,971. En 2013, los cotizantes al Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) fueron 662,969. En 15 años han incrementado 265,531 cotizantes. El número de cotizantes en ambos sistemas es de 677,477. Este es el total de las personas que a 2013 aportaron al sistema previsional y la información que al gobierno le sirve de base para justificar la “Propuesta sistema previsional mixto” Gobierno de El Salvador, 18.02.16.

La propuesta tiene un cuadro titulado “Distribución de Población según rango salarial” (página 37) que registra como población económicamente activa un total de 1.5 millones de personas. Con un rango salarial máximo de $242 mensuales, registran a 673,294 cotizantes que representan el 45 % de los cotizantes al sistema. En el siguiente rango, con un rango salarial entre $242 y $484, registra un total de 511,408 que representan el 34 % del total. Acumulan y destacan que el 79 % de la población tiene un rango salarial inferior a $484 mensuales. Esto no es nuevo.

Destacan que no más que el 24 % de la población cotiza al sistema de pensiones. Otros están afiliados, allí está su nombre y su apellido con todos los datos necesarios, pero el afiliado no aporta para su vejez, su invalidez ni su muerte. Y ¿por qué no aporta? Se quedó sin trabajo, trabaja en la informalidad, no le alcanza el sueldo que gana en una mype, tiene 5 dependientes, o como muchos, simple y sencillamente vive “coyol quebrado, coyol comido”.

El estudio del gobierno explica y concluye las razones de esta situación: “El mercado laboral salvadoreño no es capaz de generar empleos formales para toda la población económicamente activa (PEA)”, estimada en 2,795,156 personas. Agrega que “el mercado laboral ofrece salarios bajos que se traducen en pensiones bajas” y que “el 78 % de los cotizantes tendrán opción a una pensión mínima”. Destaca que “alrededor del 65 % de la PEA se encuentra en el sector informal”. Y reconoce que “es el bajo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), de 1.9 % promedio durante los últimos 15 años, el que dificulta la transformación del mercado laboral”. ¿Entonces?

¿Qué hacen para que la economía se dinamice? ¿Qué hacen para atraer inversiones que generen empleos decentes? ¿Qué hacen para que la población alcance al menos 12 años de escolaridad con una educación de calidad y competitiva? ¿Qué hacen para reducir costos de producción de país? Y ¿cómo explican la intención de pretender “reformar” el sistema de pensiones sin dinamizar ni “reformar” el mercado laboral? La argumentación para explicar y justificar las medidas son bastante retorcidos, ambiguos y... confunden a cualquiera.

Desconociendo la causa principal, proponen un sistema mixto porque el Sistema de Pensiones Reformado “no ha contribuido a ampliar al cobertura. La exclusión de la mayor parte de la población, en particular la de menores ingresos, continúa caracterizando al sistema previsional”. Pero... no atacan la causa principal que se reconoce en el estudio: el paupérrimo crecimiento económico. La propuesta del Gobierno se inspira en su incapacidad de cumplir con los “compromisos previsionales en los próximos 15 años”. Para 2014, “los compromisos previsionales totales ascendieron a $685.6 millones, lo cual representa un 14.7 % del presupuesto. Y de acuerdo con las proyecciones, esta cifra alcanzará un monto de $1,648.1 millones (29 % del presupuesto en 2042)”. Y con la reforma que proponen buscan (1) reducir el déficit fiscal del 2.9 % del PIB en 2016 al 1.8 % del PIB en 2025 y (2) reducir la deuda pública con pensiones del 59.1 % del PIB en 2016 al 53.1 % del PIB en 2025. Esto queda claro.

¿A quién beneficia la propuesta del gobierno? Al gobierno y no más que al gobierno porque lo saca de apuros. A los 677,500 cotizantes no los beneficia. La propuesta no respeta la propiedad y posesión, no incluye un manejo más rentable del ahorro obligado y a los cotizantes les quita a mitad de sus aportes para crear un fondo común que financie las prestaciones a la población pasiva para reducir el déficit fiscal. El derecho constitucional a la propiedad y la posesión establecidos en los artículos 2 y 11 de la Constitución de la República se violenta. ¿Y entonces?

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