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No pedimos asepsia ideológica. No engañen

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El proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia está en marcha. Desde hace varios años, el CEJ se ha dado a la tarea de exigir a los distintos actores involucrados que se elija a los mejores perfiles como candidatos a magistrados. El reto ha sido grande y lo hemos asumido con toda seriedad.

Contrario a lo que algunos insinúan, en nuestro afán en ningún momento hemos desprestigiado o deslegitimado el proceso realizado ante las distintas instancias, sino que, con responsabilidad, hemos hecho las observaciones y críticas correspondientes, a fin de que la elección se realice dentro del marco de la Constitución y la ley.

A toda la población salvadoreña le interesa la conformación de la nueva Sala de lo Constitucional, y es por eso que, junto con muchas otras instituciones, hemos señalado la imperante necesidad de independencia de partidos políticos de los candidatos a magistrados; pero no hay que confundir independencia partidaria de asepsia ideológica. Estamos conscientes de que cada persona puede tener su propia preferencia en el espectro ideológico y ubicarse –en el esquema tradicional– en la derecha, izquierda o centro.

El punto no es que si los candidatos se ubican ideológicamente de un lado u otro; están en todo su derecho. Lo que hemos sostenido con firmeza es que estos no pueden estar ligados formal o materialmente a grupos de poder como los partidos políticos; la función de control que estarían llamados a ejercer dentro de la Sala de lo Constitucional podría entrar en conflicto casi de manera permanente al verse involucrado uno de estos institutos políticos. Rechazamos que personas con vínculos orgánicos o materiales con partidos de derecha o de izquierda o calificados como de centro sean propuestos a la Asamblea Legislativa para la elección de magistrados.

Hay algo que tiene varios años en la palestra pública y que a muchos les cuesta entender: los derechos políticos de una persona no son absolutos y, por tanto, el establecimiento de filtros o requisitos –como la desvinculación formal y material de partidos políticos– no viola ningún derecho de las personas. Dicha exigencia responde a la necesidad de independencia político partidaria de las instituciones públicas y sobre todo de los organismos de control del poder político como la Sala de lo Constitucional.

Nadie puede apropiarse de la Sala de lo Constitucional. A dicha institución únicamente deben llegar personas que demuestren tres cosas fundamentales: las suficientes credenciales que reflejen la integridad y honradez de la persona; el conocimiento profundo y suficiente en materia constitucional, atendiendo al trabajo que llegarán a realizar a esa Sala; y la independencia de partidos políticos, pues la sujeción que todas las instituciones han sufrido en el pasado, producto del reparto partidario, es lo que no nos ha permitido avanzar en la consolidación del Estado de Derecho.

El gremio de abogados y la ciudadanía en general tiene el deber de involucrarse en el proceso de elección que ahora se encuentra en una etapa trascendental; no podemos permitirnos un retroceso por el cual el reparto partidario impere en la elección de la Sala de lo Constitucional; necesitamos que se elijan personas probas y que respondan únicamente a la Constitución. Se encuentra en juego el fortalecimiento de las instituciones que se ha impulsado desde la jurisprudencia constitucional.

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