No queremos a cualquiera como funcionario

Desde hace décadas hemos venido diciendo que las exigencias constitucionales de moralidad, instrucción y competencia notoria de las personas que deben ocupar cargos públicos no son términos huecos y sin significado.
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También hemos sostenido que nuestros funcionarios no pueden, bajo circunstancia alguna, ser fruto de una actividad política inescrupulosa y ágrafa; no es esa la manera idónea de escoger a quienes deben hacer realidad el anhelo de vivir en un auténtico estado de derecho.

En función de esas exigencias, hemos venido proponiendo mejoras en los criterios de elección de funcionarios, hemos propuesto modificaciones al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa y hemos tenido que acudir a la Sala de lo Constitucional para que se obligue a los diputados a elegir aplicando procedimientos que permitan llevar a los mejores ciudadanos a los cargos públicos.

Pero esto que parece tan obvio y tan connatural en un estado democrático de derecho sigue generando resistencias. Lo más paradójico del asunto es que esas resistencias no solamente se encuentran a nivel de la Asamblea Legislativa, sino que se identifican en otros actores que quieren seguir alentando que a los puestos públicos llegue prácticamente cualquiera.

Estamos inmersos en el proceso de elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República, y a pesar de que se trata de una institución que históricamente ha incumplido con su rol constitucional, hay quienes dicen conformarse con que se postule cualquier persona que sea salvadoreño por nacimiento, mayor de 30 años y que esté el ejercicio de sus derechos de ciudadano.

Entendamos de una vez por todas que si no comenzamos a poner verdadera atención a los procesos de elección de funcionarios, si no concretamos los requisitos de moralidad y competencia notoria, si no exigimos procesos transparentes en los que se fomente la participación ciudadana, si no propiciamos la independencia de los funcionarios y, en fin, si no nos proponemos llevar a los mejores candidatos a los cargos públicos, el funcionamiento de nuestras instituciones seguirá dependiendo de que se cometa un “accidente”, por el cual lleguen personas que sí quieran cumplir con su rol.

A la Corte de Cuentas hay que darle la importancia que merece, pues están sujetas a su fiscalización, todas las entidades y organismos del sector público y sus servidores, sin excepción alguna. Su jurisdicción llega hasta el punto de alcanzar las actividades de entidades, organismos y personas que reciben asignaciones, privilegios o participaciones ocasionales de recursos públicos.

No podemos estar de acuerdo con que los procesos de elección se sigan realizando de la misma manera; basta ver los resultados que ello ha arrojado, para saber que con ello no se fortalece la institucionalidad democrática.

Para el caso concreto al que ahora nos referimos, la Asamblea Legislativa tuvo que hacer una convocatoria que en sí misma se constituyera en un filtro, definiendo el perfil que se requiere para ser magistrado del ente contralor de la hacienda pública. Al iniciar el proceso, se tuvieron que haber identificado los parámetros que se utilizarían para revisar si los candidatos cumplían con el perfil previamente identificado; y tendría que haberse ideado un mecanismo de entrevistas que de verdad permitiera conocer a los candidatos, sus antecedentes, su línea de pensamiento, sus propuestas, su independencia, su prestigio y su idoneidad para el cargo.

También se tendría que haber identificado una etapa en la que los ciudadanos pudieran expresarse sobre los candidatos y pudieran hacer llegar información que sirviera para corroborar si alguien cumple o no con el perfil antes definido.

Justamente por eso es que estamos insistiendo en que se reforme el Reglamento Interior de la Asamblea. Lo que simplemente queremos es que lleguen los mejores, que pongan a trabajar la institución y que lo hagan de forma independiente.
 

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