No queremos negociaciones oscuras con pandillas

La llamada tregua entre pandillas ha ocasionado, desde sus orígenes, diferentes reacciones. Cuando en 2012
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La llamada tregua entre pandillas ha ocasionado, desde sus orígenes, diferentes reacciones. Cuando en 2012 comenzamos a escuchar de su existencia, reflexionábamos en este espacio de opinión, haciendo notar que a esas alturas ya estaba plenamente demostrado que la mera adopción de políticas represivas –adoptaran el nombre que adoptaran– no eran suficientes.

En 2012 dijimos que no podían vilipendiarse de primas a primeras las gestiones que en ese momento parecía estar realizando la Iglesia Católica a través de uno de sus obispos en El Salvador. Y es que para entonces, el acercamiento que se había logrado tener con los cabecillas de las principales “maras” estaba dando, al menos en apariencia, tales resultados, que lo menos que podíamos hacer era darle el beneficio de la duda al esfuerzo.

Eso sí, también dijimos desde esa época que lamentábamos que no hubiera existido transparencia de las autoridades de seguridad, quienes para entonces enviaban mensajes confusos y hasta contradictorios en su afán de explicar lo acontecido. Aun así, decidimos confiar.

En 2013 ya era otra la historia. Habíamos migrado de un estado inicial de expectación, a un estado de completa incredulidad y desconfianza. La ciudadanía ya mostraba, además, evidentes señales de desaprobación.

El pecado original de la tregua le acompañó siempre; nunca hubo transparencia y, lejos de eso, comenzamos a darnos cuenta de la existencia de injustificables concesiones que habían obtenido algunos de los principales cabecillas de las pandillas. Para entonces ya eran notorias las muestras de relajación en el sistema penitenciario con los integrantes de las maras, lo cual la población honrada no estaba dispuesta a tolerar.

La tregua murió y en puridad nunca se supo cómo se fraguó, ni tampoco sabemos la totalidad de lo que se negoció y concedió. Algún día conoceremos toda la verdad.

Trasladándonos al presente, es claro que el problema de los altos índices de criminalidad sigue estando ahí y que las actividades delictivas de las pandillas son, por mucho, el mayor componente de este problema. Se trata de grupos delincuenciales que incluso han sido calificados como terroristas por la Sala de lo Constitucional, con todos los efectos jurídicos que eso conlleva.

Es por eso que causa indignación enterarnos que no solo existieron negociaciones con las pandillas promovidas, auspiciadas y utilizadas a conveniencia por las autoridades de Gobierno, sino que también han existido oscuras negociaciones con fines eminentemente electorales. Lo que se rumoraba ha quedado al descubierto. Los partidos políticos (así dicho en plural) se han sentado a negociar con los principales cabecillas de las pandillas, para sacar provecho partidario de ello.

En este punto queremos aclarar que no es el hecho de sentarse con las pandillas lo que por sí mismo merece nuestra crítica; reconocemos que se trata de un complejo fenómeno social cuyo tratamiento y erradicación bien podrían pasar por entablar diálogos transparentes y en el marco del más absoluto respeto a la legalidad. Aunque nos cueste digerirlo, lo cierto es que hemos permitido que el problema llegue a una dimensión tal que no podemos descartar apriorísticamente que estos acercamientos se efectúen, siempre que no transgredan los límites legales y se efectúen de manera transparente frente a la ciudadanía.

Lo que merece todo nuestro repudio es que las conversaciones, negociaciones o como quiera llamárseles, se manejen en la penumbra y tengan como propósito la obtención de réditos políticos electorales. Es la vida y la tranquilidad de los ciudadanos la que día a día está en juego.

Ni las autoridades de antes ni las de ahora, ni ninguno de los partidos políticos, ni ninguna otra institución, pueden esperar que vitoreemos el otorgamiento de concesiones o la promesa de estas de manera ilegítima. No pueden sacrificar el bienestar general por el bienestar de unos pocos.

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