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No queremos otra crisis institucional

Cuando aún no sanan algunas de las heridas ocasionadas por la crisis institucional generada en torno a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y cuando aún nos esforzamos por sacar el máximo provecho a las lecciones entonces aprendidas, los últimos acontecimientos parecen presagiar una nueva crisis de similares proporciones, solo menguada por los naturales cálculos políticos que en época electoral realizan las instituciones partidarias.
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Nos referimos –como es evidente– a la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República.

Ejerciendo su inherente facultad de hacer ejecutar lo juzgado, la Sala de lo Constitucional resolvió que la Asamblea Legislativa no había cumplido con la sentencia en la que se le ordenaba elegir como magistrados a personas que luego de haberse desarrollado el procedimiento de selección correspondiente cumplieran con todos y cada uno de los requisitos que la Constitución de la República establece para tales cargos.

Las primeras reacciones a esta decisión de la Sala fueron alentadoras; varios diputados y representantes de los partidos políticos manifestaron que esta vez no darían vueltas al asunto, y procederían a cumplir con lo resuelto; similares opiniones fueron vertidas por los aspirantes a la Presidencia y Vicepresidencia del país, y salvo la reacción aislada de una de las magistradas cuya elección había sido dejada sin efecto por la Sala, las mismas personas que habían resultado electas manifestaron que a pesar de no compartir lo resuelto, lo respetarían. Con ese positivo panorama nos fuimos al receso ocasionado por las vacaciones de Semana Santa.

Pero todo cambió al regresar de vacaciones. Algunos diputados comenzaron a vacilar y a externar posiciones ambiguas. Peor aún, las personas cuya elección había sido declarada sin efecto se atrevieron a presentarse en las instalaciones de la Corte de Cuentas, dizque a tomar posición de sus cargos, como si no existiera una decisión judicial que les inhibiera hacerlo. Como ocurrió en el pasado cuando algunos profesionales asumieron de facto sus cargos en la Corte Suprema de Justicia, estamos en presencia de un nuevo desacato que, como tal, debe ser investigado de inmediato por la Fiscalía General de la República.

También ha trascendido que una de las personas electas que de facto ha tomado posesión de su cargo ha interpuesto un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Desde luego que no podemos negar el derecho que tiene toda persona que se siente agraviada, a hacer uso de los recursos, acciones y remedios que el ordenamiento jurídico prevé para cada caso en particular, pero es innegable que tal derecho debe ser ejercido a través de los cauces legales y ante la autoridad que la ley establezca. No podemos andar inventando procedimientos.

En este caso eso es importante porque se ha conocido que el amparo ha sido interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia en pleno, cuando no es esa entidad la competente para conocer de procesos de amparo.

El artículo 174 de la Constitución claramente dice que la Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de lo Constitucional, y que será esta a la que corresponderá conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, así como los procesos de amparo y habeas corpus. Sin referirnos al mérito del amparo iniciado, lo cierto es que el mismo, en su caso, solamente puede ser conocido y resuelto por la Sala de lo Constitucional y por nadie más.

A la fecha de elaboración de este artículo aún no se había conocido la posición de los magistrados que conforman la Corte Plena, pero desde ya les exhortamos a mantenerse fieles a la Constitución y respetar la institucionalidad, ordenando reconducir el proceso ante quien corresponde. Lo menos que necesitamos es una nueva crisis; no la provoquen ustedes.

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