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No quieren que les investiguen

La práctica de filtración de información y de obstrucción de la investigación desde el interior de la Fiscalía hay que erradicarla. Y para esto, la competencia, la integridad y la eficacia del auditor fiscal y del Consejo Fiscal son clave. ¿Existen?
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Y además, tienen mecanismos en el interior de la Fiscalía General de la República (FGR) que les alertan, que les protegen, que defraudan al Estado y que atentan contra los intereses de la sociedad.

Muchos funcionarios públicos y personajes intocables tienen en el interior de la FGR fuentes confiables de información. Tienen el control de servidores públicos que ingresan a la carrera fiscal en cargos de funcionarios, fiscales auxiliares y empleados administrativos. Convierten a servidores públicos en serviles de intereses privados. Esto es corrupción y deslealtad. Se aprovechan de su cargo, filtran información confidencial para advertir a sus “patronos” sobre investigaciones y obstruyen procesos orientados a velar por los intereses del Estado y la sociedad.

Acciones y omisiones que atentan contra los intereses del Estado y la sociedad deben ser investigadas y judicializadas por la FGR. Esa es la tarea que la Constitución le confiere. Hasta la fecha, la sociedad está percibiendo a una FGR que demuestra públicamente que cumple su mandato. Pocos e irrelevantes han sido los casos que evidencian la corrupción en el interior del Estado. Corrupción que se nota en los cambios radicales en “estilo de vida” de funcionarios y empleados públicos. Ese cambio lo nota el vecindario y el círculo de amigos aunque la pareja y la familia quieran desentenderse.

Ante radicales cambios en el estilo de vida funcionarios y exfuncionarios públicos mantienen sus “fuentes confiables” de información en el interior de la Fiscalía por el tiempo necesario para que prescriba cualquier acto que genere duda y documentación. Obstruyen investigaciones con sus “fuentes confiables” y debilitan el quehacer de la Fiscalía.

El Estado ha perdido millonarios recursos porque no se ha investigado o porque se ha engavetado la investigación. Y con esta práctica, las instituciones han perdido credibilidad y la impunidad continúa asumida como “derecho” adquirido por corruptos que utilizan recursos públicos para beneficio privado.

La práctica de filtración de información y de obstrucción de la investigación desde el interior de la Fiscalía hay que erradicarla. Y para esto, la competencia, la integridad y la eficacia del auditor fiscal y del Consejo Fiscal son clave. ¿Existen? Pregunto porque las declaraciones del actual fiscal general, Douglas Meléndez, ponen en evidencia que la Fiscalía necesita una urgente, seria y efectiva depuración del personal en “carrera fiscal”.

Los legisladores que aprobaron la Ley Orgánica de la FGR, el Reglamento Especial de la Ley Orgánica de la FGR y el Reglamento de la Carrera Fiscal (2006 y 2007) dejaron claro que son faltas graves y muy graves dar “asesoramiento a terceros” y “facilitar información confidencial a terceros” en casos de investigación y de expedientes. Con estas faltas no vale la estabilidad laboral. El auditor fiscal y el Consejo Fiscal deben investigar y actuar, sin preguntar a nadie más que al fiscal general.

Todos saben que el presupuesto de la Fiscalía debe incrementarse sustancialmente. Pero los políticos se resisten porque no quieren que se investigue y para esto buscan una y mil razones. Y a los “intocables” no les quita el sueño porque tienen “infiltrados confiables”.

Se necesitan ciento cincuenta fiscales (150). Con la coyuntura, mejor si son 200. Pero con otro sistema de evaluación que asegure competencia, mérito y confiabilidad. Tener fiscales incorruptibles ante funcionarios, exfuncionarios y privados “intocables”; fiscales con autonomía, independencia y orgullo personal y profesional de su trabajo, es indispensable para velar por los intereses del Estado y la sociedad. La FGR.

El Estado y la sociedad necesitan fiscales bien remunerados, con salarios competitivos, coherentes con la competencia necesaria y con la productividad esperada; fiscales con integridad y dignidad; fiscales equipados que no acepten “regalos” especiales de personajes poderosos en investigación ni de personajes acostumbrados a amedrentar.

Fortalecer la capacidad de la FGR es indispensable para combatir la corrupción y la impunidad y esto se hace con profesionales leales a los intereses del Estado y comprometidos con los intereses de la sociedad. La eficacia de la Fiscalía se hará notar con facilidad. No se necesitan muchos indicadores para percibir y valorar el desempeño, pero ciertamente se necesita más presupuesto.

Pero a la FGR no quieren darle presupuesto. Cualquier persona fácilmente puede suponer las “poderosas” razones para no asignarle el presupuesto necesario. ¿Se puede combatir la corrupción con funcionarios corruptos? La sociedad no puede ni debe tolerar la corrupción ni la impunidad.

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