No se equivoquen

Y si se les ocurre violar, infringir o alterar las disposiciones constitucionales, serán penados por la ley; y las responsabilidades civiles o penales en que incurran no admiten amnistía, conmutación ni indulto (artículos 86 y 244).
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No se equivoquen

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<p>[email protected]</p><p></p><p></p><p>Somos soberanos. El primer presidente de izquierda en la Asamblea Legislativa y sus aliados, por construir un poder supremo, están irrespetando el artículo 83 de la Constitución de la República. “El Salvador es un Estado soberano”. Él y sus aliados están irrespetando al pueblo entero. La Constitución establece que “la soberanía reside en el pueblo”.</p><p></p><p>El poder político emana del pueblo. Por eso la Constitución reconoce el derecho que tiene el pueblo a la insurrección con el único objeto de restablecer el orden constitucional alterado por (1) la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno, (2) la transgresión al sistema político y (3) por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución (artículos 86 y 87).</p><p></p><p>El gobierno de nuestro país es republicano, democrático y representativo. Así lo establece el artículo 85 de la Constitución. Dice que somos pluralistas y que los partidos políticos son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno. Por esto y para pedir cuentas, se tiene el derecho de elegir libre y directamente.</p><p></p><p>Los órganos fundamentales del Gobierno son tres. Son independientes en el ejercicio de sus funciones. Todos tienen el mismo nivel y la misma importancia. No hay uno sobre otro. Cada uno ejerce y debe ejercer las atribuciones y competencias que manda la Constitución de la República sin olvidar que sus competencias son indelegables. No se valen usurpaciones.</p><p></p><p>El Órgano Judicial tiene atribuciones constitucionales. Tiene la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materia constitucional, civil, penal, mercantil, laboral, agraria y de lo contencioso administrativo. </p><p></p><p>Siete artículos constitucionales tienen candado. El artículo 248 de la Constitución de la República claramente establece que en ningún caso podrán reformarse los artículos que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. La Constitución de la República da certeza sobre el tipo de sistema político y la forma de gobierno.</p><p></p><p>La Fuerza Armada es el garante de la soberanía. Tiene por misión la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio. Y para hacer cumplir la Constitución de la República, los órganos del Estado podrán disponer de la Fuerza Armada para hacer efectivas las disposiciones que hayan adoptado dentro de sus respectivas áreas constitucionales de competencia (244).</p><p></p><p>El pueblo tiene delegados en el Gobierno, con atribuciones limitadas por la ley. En todas las instituciones se les llama “empleados públicos” y se les paga un salario para que sirvan al público. Deben estar conscientes de que no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. No pueden hacer lo que les da la gana. Y si se les ocurre violar, infringir o alterar las disposiciones constitucionales, serán penados por la ley; y las responsabilidades civiles o penales en que incurran no admiten amnistía, conmutación ni indulto (artículos 86 y 244). </p><p></p><p>Somos integracionistas. Lo reconoce la Constitución de la República. Pero cualquier proyecto y bases para propiciar la unión de la República de Centroamérica, en forma unitaria, federal o confederada, tiene que someterse a consulta popular. Hasta la fecha, nadie ha presentado semejante proyecto. Se han firmado tratados burocráticos. Se tienen instituciones burocráticas. Aunque le falta representatividad territorial porque de ocho países solo tres están “representados”, la Corte Centroamericana de Justicia es para los temas de integración establecidos en el Protocolo de Tegucigalpa (1991).</p><p></p><p>Cosa juzgada es inapelable. Esta sala es el único tribunal competente para declarar inconstitucionalidad de las leyes, los decretos y los reglamentos en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano. La Sala de lo Constitucional por ley debe conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, los decretos y los reglamentos, los procesos de amparo, el hábeas corpus y las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo (174 y 183).</p><p></p><p>No se equivoquen, ilustrados legisladores: la Corte Centroamericana no tiene competencia sobre asuntos constitucionales de nuestro país. Esa burocracia no es ni funciona como corte supranacional. No se equivoquen. El pueblo es paciente y nuestra cultura constitucional aceleradamente se está despertando. No se equivoquen, los fallos de la Sala de lo Constitucional son inapelables. </p><p></p><p></p><p></p>

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