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No se laven las manos en la Sala

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Los ataques contra la Sala de lo Constitucional han arreciado en los últimos días. Esta vez se ha pasado de la ya cansina verborrea a actuaciones que van desde amedrentamientos públicos, cierre de carreteras, manipulaciones de grupos de pobladores, hasta la ilícita y más que reprochable utilización y abuso de menores de edad.

Tales actuaciones han recibido el respaldo decidido del partido de gobierno, quien en diferentes medios y sobre todo en las redes sociales se ha encargado de difundir y acuerpar las dizque manifestaciones populares. Eso es precisamente lo que más nos debe preocupar, toda vez que con ello se despeja cualquier atisbo de duda sobre el origen de los nuevos embates.

Así, no es necesario especular para entender que estamos en presencia de una estrategia orquestada por quienes aún no terminan de entender que para vivir en democracia es imprescindible el control recíproco de los poderes del Estado.

Tampoco han comprendido que la sociedad ha evolucionado y que ahora más que nunca exige que las autoridades asuman sus responsabilidades, que realicen su trabajo eficientemente y que rindan cuentas de su gestión.

Colocar pancartas de protesta con mensajes ininteligibles, organizar malogradas concentraciones públicas, cerrar calles con el objeto de evitar la difusión de los derechos constitucionales, manipular a menores de edad, promover acciones que ostensiblemente carecen de cualquier fundamento, todo con miras a atacar a la Sala de lo Constitucional o vender la idea que los problemas en nuestro país están siendo ocasionados por las restricciones impuestas por la referida, son actuaciones que hasta en sus propias filas están causando rechazo.

Para el caso, no es posible que se acuse a la Sala de ser la causante de la carencia de recursos, de la inseguridad y de los demás problemas que afrontamos en nuestro país. El gobierno debe asumir su responsabilidad y en lugar de intentar disculparse trasladando a otros los efectos de sus yerros debe realizar los ajustes que sean necesarios para que tales problemas comiencen a solventarse.

Se acusa a la Sala de las carencias existentes en escuelas y hospitales, cuando lo único que esta ha hecho es resolver peticiones de ciudadanos que han considerado –por ejemplo– que la imposición de ciertos tributos o los intentos de endeudamiento público violentan garantías constitucionales.

La Sala de lo Constitucional no ha dicho –porque de todos modos no puede hacerlo– que no pueden decretarse nuevos tributos o que no pueden contraerse nuevos préstamos o que estos no pueden destinarse a las áreas que el gobierno considere como prioritarias para desarrollar su plan de gobierno. Sigue estando en manos de las autoridades la adopción de las políticas públicas que consideren apropiadas.

Controlar el gasto público, evitar el despilfarro, reducir las contrataciones innecesarias, ampliar la base tributaria, mejorar los mecanismos de recaudación, eficientar los procesos de adquisiciones gubernamentales y en fin, modernizar el aparato estatal, son todas actuaciones que bajo ningún punto de vista están siendo limitadas por la Sala de lo Constitucional.

No se vale lavarse las manos y huir de la propia responsabilidad, mucho menos cuando para hacerlo se acude a la incalificable utilización de grupos de personas incluidos menores de edad, y cuando con ello se alienta la inseguridad física de los magistrados.

Ya en otras oportunidades lo hemos dicho por lo que ahora lo enfatizamos. No se trata de defender a ciegas a quienes hoy por hoy conforman la Sala de lo Constitucional, ni de estar siempre de acuerdo con lo que se resuelve; se trata de defender la institucionalidad y el Estado de Derecho. Y no podemos negar el importantísimo rol que la Sala ha venido desarrollando en los últimos años en ese sentido, por lo que continuaremos con esa defensa.

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  • sala constitucional
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