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No se necesita ser

En democracia la gente simpatizante al FMLN sigue con luchas callejeras, con gabachas, con cuadernos, con boinas, con machetes, con palos, con quemas, con amenazas y más.
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La práctica de los militantes y simpatizantes del FMLN es la movilización callejera. Y es generalizado la práctica del bloqueo, la capucha, las quemas y la destrucción del espacio público y los bienes privados. Lo hacen desde centros escolares, lo hacen desde alcaldías no importa si son trabajadores o miembros del concejo, lo hacen desde salud, lo hacen desde la seguridad y la justicia, lo hacen desde sindicatos laborales que aglutinan trabajadores de todo tipo de servicio y con todo nivel de escolaridad, y seguimos hasta agotar los servicios públicos.

En democracia la gente simpatizante al FMLN sigue con luchas callejeras, con gabachas, con cuadernos, con boinas, con machetes, con palos, con quemas, con amenazas y más. Salen a la calle con la facilidad del empleado público y municipal o del que nada tiene que hacer sino divertirse haciendo mal al prójimo al robarle tiempo y dinero en enormes congestionamientos. Salen a la calle olvidándose quién es su jefe y a quién debe servirle y rendirle cuentas. Se olvidan que están allí, devengando un salario que les da de comer a ellos y sus familias porque la gente que trabaja de sol a sol paga sus impuestos.

En un momento luchan contra el partido de oposición; en otro luchan contra sus correligionario que ocupan cargos dentro de la institución que les paga mensualmente salarios y prestaciones y les otorga bonificaciones y cualquier otra cosa que “legalmente” han “conquistado” con luchas callejeras y “negociación”. Esta es la historia que en las calles y carreteras deja la “masiva” movilización que hacen los simpatizantes y militantes del FMLN. Y este estilo de práctica política de manera silenciosa y peligrosa penetra nuestra institucionalidad.

Ignoran el sistema de gobierno, ignoran la estructura y la organización del Estado, ignoran la estructura del presupuesto, ignoran la situación fiscal, ignoran las atribuciones de sus fuentes de trabajo, ignoran sus deberes, ignoran los derechos ajenos y les vale la paz y la convivencia democrática, aunque en su discurso de plaza pública lo digan una y otra vez. La lucha callejera encapuchada la trasladaron a la institucionalidad y paso a paso quieren cooptarla y ponerla a su servicio.

Solo hay una piedra en el zapato. La Sala de lo Constitucional que, tarde o temprano, limita su afán de “hacer lo que la gana les da” irrespetando la Constitución. El irrespeto es tan evidente que no se necesita ser magistrado ni ilustrado para identificarlo. Y lo hacen una y otra vez para tapar la incapacidad ejecutiva de hacer lo que deben hacer en el marco de la ley. Y lo hacen apostando la ignorancia de simpatizantes, beneficiados, aliados, militantes, funcionarios, empleados públicos, veteranos de guerra y otros más que salen una y otra vez a las calles y carreteras.

Las prácticas callejeras se dan en una sociedad en evolución que aspira a la democracia, el pluralismo, la justicia y la paz; que aspira a oportunidades de inversión y empleo para la autorrealización; que aspira a un Estado de Derecho para la convivencia pacífica; y que aspira, entre otros, a recuperar el respeto por los funcionarios y empleados públicos que son servidores al público que los mantiene. La sociedad está en evolución y los “gobernantes” del FMLN se han quedado con las prácticas callejeras del pasado.

No se necesita ser ilustrado ni magistrado para saber que la práctica callejera se traduce en el irrespeto a la Constitución de la República y al Estado de Derecho. Una y otra vez hacen lo mismo. Con elecciones de funcionarios, con iniciativas para alterar la forma de gobierno, con procedimientos para aprobar préstamos internacionales, con reformas al sistema de pensiones para disfrazar la apropiación indebida de ahorros privados. Se hizo en el agro. Con un decreto expropiaron miles de manzanas y mataron la agricultura y la agroindustria. Y ahora lo hacen con las pensiones. Por decreto y expropiando propiedad privada, quieren pagar la deuda pública sin haber cumplido lo que manda la Constitución de la República.

No se necesita ser magistrada ni ilustrada para saber que esa decisión es inconstitucional y que tarde o temprano será declarada como tal. Es inconstitucional porque toda persona tiene derecho a la propiedad y a la posesión y a ser protegido en la conservación y defensa de los mismos (artículo 2 de la Constitución).

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