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No se puede seguir en la vía de hacer riesgosos ajustes coyunturales para cubrir obligaciones que deben estar debidamente presupuestadas

Es patente que desde las esferas oficiales lo que se pretende de manera absolutamente prioritaria es liberar lo más posible de obligaciones al Estado; y desde los espacios ciudadanos lo que se busca es favorecer los intereses de la ciudadanía cotizante, para salvaguardar sus ahorros progresivos y para asegurar la rentabilidad futura.
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El tema puntual de las obligaciones de pago que tiene el Gobierno en el área de pensiones se viene volviendo cada vez más tortuoso, por la simple razón de que no se ha encarado tal responsabilidad ineludible con la seriedad que se requiere. Un dato clarísimo al respecto resulta del hecho de que en el actual Presupuesto General del Estado la partida en este rubro es de 1,000 dólares, lo cual parece una broma absurda cuando los montos por cubrir superan los 200 millones de dólares durante el año en curso. ¿A qué se debe esta patética incongruencia? Evidentemente al hecho de que ya se hizo costumbre presentar y aprobar presupuestos generales desfinanciados para saltarse sin disimulos la mayoría calificada que se requiere para obtener el financiamiento crediticio que evitaría estar en estas apreturas artificiosas.

Lo ocurrido en este año en lo tocante al cumplimiento de la obligación previsional del Gobierno parece la comedia de las equivocaciones. Cuando se llegó a abril y había que hacer un pago de 55 millones, a falta de acuerdo político el pago no se dio a tiempo y El Salvador entró en “impago selectivo”. Se dieron transferencias presupuestarias y la deuda se saldó. Hoy en julio hay que hacer otro pago, y ya se aprobó en la Asamblea Legislativa el mismo método. Así de seguro pasará en octubre. Pero esto de ir de bache en bache es insostenible en el tiempo, ya que así no sólo se desequilibra aleatoriamente el Presupuesto General sino que se promueve una inestabilidad financiera que es altamente dañina para el proceso nacional en su conjunto.

La experiencia tan traumática de los meses más recientes ha hecho que reviva de manera imperiosa la necesidad de abordar un punto básico, que dadas las circunstancias ya es inesquivable: la reforma del sistema de pensiones. Y aquí se presenta una cuestión que está en el fondo de todos los forcejeos que se vienen produciendo al respecto: la finalidad de la reforma que llegue a aprobarse. Es patente que desde las esferas oficiales lo que se pretende de manera absolutamente prioritaria es liberar lo más posible de obligaciones al Estado; y desde los espacios ciudadanos lo que se busca es favorecer los intereses de la ciudadanía cotizante, para salvaguardar sus ahorros progresivos y para asegurar la rentabilidad futura.

La situación crítica que prevalece tendría que ser el mejor estímulo para entrar en serio en el estudio y la definición consensuada de un esquema de pensiones que sea sostenible sin estar en ahogos como el actual. Se tendrían de dejar de lado las posiciones extremas para posibilitar el arribo a una solución que sea favorable para todos, y en primer lugar para los que cotizan con su trabajo para su propio futuro.

Lo que se halla en el trasfondo de todo esto es el manejo de las finanzas públicas, que hasta hoy ha estado plagado de irresponsabilidades y de incongruencias; y por eso el requerimiento más urgente y apremiante es el de la responsabilidad, que debe ser asumida por todos los actores nacionales y muy en especial por quienes están a cargo de la conducción del país desde las más altas posiciones del aparato estatal.

Esperamos que los ahogos tan perniciosos para la institucionalidad y para el país sirvan de estímulo presionante para poner en acción una lógica de trabajo que sea a la vez congruente y eficiente. No podemos exponernos en ninguna forma al colapso irreversible.
 

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