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No solo responsables sino que también obligados

Estamos en la última y decisiva etapa del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que es donde interviene la Asamblea Legislativa, por lo que es importante tener presente la responsabilidad y además obligación que tiene, a efecto de conducir un proceso que concluya con los mejores resultados para el bien de la institucionalidad democrática, con apego estricto a la Constitución, sobre todo porque se elegirá a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional.
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Javier Castro De León / Colaborador de LA PRENSA GRÁFICA

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Dicha responsabilidad consiste principalmente en hacer la elección por razones de idoneidad y mérito. Sin embargo, preocupa que se esté pensando que la Asamblea Legislativa no tiene mayor responsabilidad, en una actitud de “lavarse las manos”, al justificar que simplemente han recibido el listado producto de las dos etapas previas, la de la FEDAES y la del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), cuando lo correcto es que también los diputados son responsables del desenlace del proceso.

Desde que el CNJ remitió a la Asamblea Legislativa la lista de 30 candidatos a magistrados, se activó la etapa legislativa. La enorme responsabilidad que tienen los diputados y además obligación consiste en que dentro de la referida lista deben elegir a los mejores, es decir, a aquellas personas que además de cumplir los requisitos que establece la Constitución, tengan el perfil para desempeñarse con solvencia en la CSJ. No es válido decir, que como ya vienen previamente evaluados esa labor ya está concluida, pues no es cierto. Los diputados que integran la Comisión Política y la Subcomisión que se encarga del seguimiento del proceso deben evaluar de forma detallada a los 30 candidatos, escudriñando las hojas de vida, la trayectoria profesional y personal, para poder determinar con claridad si reúnen el perfil para ser magistrados, lo cual deberá argumentarse de forma suficiente para determinar si son idóneos y por qué son mejores que los demás candidatos.

Para verificar lo anterior, la Asamblea Legislativa emplea algunos mecanismos como las entrevistas, las cuales deben ser a profundidad y con preguntas pertinentes. Ha sido positivo que las entrevistas que han iniciado esta semana son abiertas al público, con preguntas mejor elaboradas que en ocasiones anteriores y que además han permitido a los asistentes formular preguntas. Sin embargo, preocupa que las entrevistas terminarán el 6 de julio, con lo que habrá poco tiempo para llevar a cabo una adecuada deliberación, lo que también es una obligación y responsabilidad que tienen los diputados, y que además debería ser pública. Además, al quedar muy poco tiempo entre el cierre de las entrevistas y el período límite para hacer la elección de los nuevos magistrados, que debería ser a más tardar el 15 de julio, se incrementa el riesgo de retrasos, por lo que debería valorarse recalendarizar dichas entrevistas.

Está en manos de los diputados no defraudar a la ciudadanía y asumir con vocación patriota su responsabilidad y obligación de elegir a los nuevos magistrados privilegiando criterios de idoneidad, independencia y honorabilidad, y además en tiempo para evitar retrasos. Por su parte, los ciudadanos deben estar muy atentos en este proceso y exigir a los diputados que los representen adecuadamente, pues está en juego la justicia constitucional para los próximos 9 años.

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