No son buenas noticias

Anuncia que no está dispuesto a acatar la sentencia 29-2012 de la Sala de lo Constitucional que manda un nuevo proceso de elección de fiscal general de la República.
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<p>Otra vez vuelve con la misma desobediencia. Por las declaraciones del primer presidente de izquierda en la Asamblea Legislativa tenemos que prepararnos para otra batalla campal y ahora con un escenario más amplio y complejo. Anuncia que no tiene por qué respetar el mandato constitucional de elegir no más que a Un fiscal por legislatura. Anuncia que está dispuesto a irrespetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas en marzo de este año. Anuncia que no está dispuesto a acatar la sentencia 29-2012 de la Sala de lo Constitucional que manda un nuevo proceso de elección de fiscal general de la República. Anuncia que está dispuesto a seguir actuando fuera de la legalidad en la elección del “funcionario (público) que está vinculado a la legalidad en una doble dimensión: (i) el deber actuar de conformidad con la legalidad; y (ii) el deber de actuar en defensa de la legalidad”: ¡el fiscal!</p><p>&nbsp;</p><p> La Sala de lo Constitucional le dio la razón al ciudadano Roberto Alfonso Gallardo Zepeda que demandó proceso para que “se declare la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo nº 1075/2012, por el que la Asamblea Legislativa designó al abogado Ástor Escalante Saravia como fiscal general de la República; por la supuesta vulneración al art. 192 incs. 1º y 2º –en relación con los art. 80, 83, 85, 86, 124, 125 y 131 ord. 19º Cn.–, e inc. 3º –en relación con el art. 177– de la Constitución”. Pero el primer presidente de izquierda de la Asamblea Legislativa anuncia que está dispuesto a desobedecer lo que la ley le manda. Está dispuesto a ignorar que la Sala de lo Constitucional es la ÚNICA instancia para declarar inconstitucionalidades y que sus fallos son INAPELABLES. Los costos de la desobediencia y la rebeldía para acatar el fallo de la elección de magistrados ha tenido enormes costos de confianza, certidumbre y credibilidad para el país. Y quieren seguir profundizándolos. ¿A dónde quieren llevarnos? Con ese ejemplo ¿Por qué piden que se cumpla la ley?</p><p>&nbsp;</p><p>Las exportaciones siguen estancadas. Se tienen tratados comerciales, hay empresas exportadoras, hay una estrategia para el fomento de las exportaciones, dicen que hay crédito para ampliar la base exportadora y también iniciativas de reforma administrativa para facilitar trámites… y con todo esto “las exportaciones continúan creciendo cada vez menos. Entre enero y julio cayeron 1.5% en valor con respecto al mismo período del año pasado, cuando crecían a tasas de superiores al 20%. A finales de 2012 cierran con cero crecimiento o, en el mejor de los casos, con un modesto 1.5%”. Si no exportamos, no hay manera de crecer. Concentrados no más que en la demanda nacional, el crecimiento es cero tal como lo anuncia el presidente del Banco Central de Reserva. A 39 meses de gobierno, responsabiliza de la situación a las administraciones anteriores. Pero ¿qué ha hecho el Gobierno para revertir la situación? ¿Ha sido efectivo? ¿Sentarán bases estructurales para que en los próximos 10 años la situación cambie? Nadie dice nada.</p><p>Y… No hay concesión del puerto La Unión. Seguramente se pierden los cinco años de esta administración. CEPA estima que lanzará la licitación a mediados de 2013 y esto significa que las decisiones se tomarían a finales de 2013. Sucederá lo mismo que en 2009, en plena campaña electoral nadie toma decisiones. Para cuando despertemos… los vecinos nos ganaron la partida. Tenemos un puerto de $200 millones que no aporta nada al crecimiento y la generación de riqueza. Tenemos un puerto que genera gastos onerosos. Allí está, estamos pagando el préstamo. Y a quién le importa? ¿Cuál es la opción B? La Corporación Salvadoreña de Inversiones (CORSAIN) tiene competencias para asocios con inversionistas ¿Por qué no usarla?</p><p>&nbsp;</p><p>Pregunto porque la CORSAIN es de esas instituciones olvidadas. De esas autónomas que, como el resto, necesitan reingeniería. Se administra con una asamblea de gobernadores y su consejo directivo está integrado por los ministros de Economía, Hacienda, Agricultura y Ganadería. También por los extintos MIPLAN y Comercio Exterior. Y les acompaña el presidente del Banco Central de Reserva (BCR). Administra instalaciones portuarias que en una época tuvieron presencia de camaroneras. Presta servicios de reparación de embarcaciones, tiene inversiones en azúcar y en la fabricación de hielo. Seguramente su marco legal da para más.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

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