Lo más visto

Más de Opinión

No todo se vale en la lucha contra la delincuencia

La inseguridad es uno de los principales problemas que sufre El Salvador. Por ello es ineludible que el Estado enfoque sus recursos en enfrentarla. El Gobierno en sus primeras semanas ha tomado esta bandera a través del Plan Control Territorial. Y aunque su contenido se ha mantenido en total reserva, algunas líneas del mismo se han anunciado, y han comenzado a materializarse en actos de autoridad.

Enlace copiado
Centro de Estudios Jurídicos

Centro de Estudios Jurídicos

Enlace copiado

A partir de ello es preciso advertir que si bien es necesario que el Estado ocupe todas sus herramientas para enfrentar la inseguridad, estas deben ejercerse en el marco de la Constitución y las leyes. Será inaceptable asumir que todo se vale en lucha contra la delincuencia.

Por un lado, es deber del Estado velar por que los centros penitenciarios no sean focos de crimen organizado. En ese sentido, se considera muy positivo el control que se ha estado ejerciendo para que las empresas telefónicas acaten la prohibición de que haya señal telefónica en los centros penales. Es necesario que se tomen acciones firmes para evitar esas situaciones, y que sea el Estado quien mantenga el control pleno de lo que ocurre en esas sedes. Pero en esa misión también debe manejarse criterios de proporcionalidad para evitar violaciones a los derechos humanos y que las audiencias judiciales continúen con normalidad.

El art. 27 de la Constitución dispone: "El Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos". Sobre ello se refirió la Sala de lo Constitucional en la sentencia de habeas corpus 119-2014. Dijo: "Si bien el constituyente prefirió utilizar los términos de ‘corrección’ y ‘readaptación’ en la redacción del mencionado artículo, tales vocablos (...) se encuentran sujetos a una interpretación dinámica conforme al desarrollo científico de las ciencias penales, como también del grado de racionalidad y humanidad alcanzado por la sociedad moderna. Por ello, en la actualidad, es adecuado hablar de la resocialización como un proceso que comprende tanto la reeducación como la reinserción social del infractor de la norma penal, al cual subyace también la finalidad de proteger a la sociedad y a las víctimas".

Es obligación del Estado mantener un balance adecuado entre la prevención y represión del delito en el seno de los centros penitenciarios, y el mantenimiento de condiciones dignas que permitan que los reclusos tengan oportunidades de resocialización. Si seguimos tratando a los reclusos en condiciones indignas, la sociedad sufrirá las consecuencias cuando estos cumplan su condena y salgan con mayores potencialidades criminales.

Respecto a la investigación del delito, el Estado debe evitar caer en la tentación de medir el éxito a partir de detenciones. El caso ocurrido con el secuestro de pasajeros de un autobús en El Congo es una señal de alerta que no debemos pasar por alto. La mediatización del despliegue policial terminó opacada cuando la Fiscalía General de la República anunció que, ante la falta de pruebas que vinculara a los detenidos con los delitos ocurridos en ese evento, únicamente se les atribuyó el delito de resistencia.

Las víctimas y la sociedad merecen que los casos se resuelvan capturando y castigando a los culpables y resarciendo a las víctimas. De ahí que es preciso modular el volumen mediático con que se traten los casos, y, en su lugar, se fortalezcan las capacidades investigativas y de control.

Tags:

Lee también

Comentarios

Newsletter
X

Suscríbete a nuestros boletines y actualiza tus preferencias

Mensaje de response para boletines