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Normas constitucionales: arrendamiento bienes públicos

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Enrique Borgo Bustamante, Exvicepresidente de la República

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Nuestra primera Constitución (1824) estableció la soberanía internacional (art. 1): "El Estado es y será libre e independiente de España y de México y de cualquier otra potencia o gobierno extranjero..."; e interna (art. 2): "El Estado es libre, Soberano e independiente en su interior administración y gobierno"; y el art. 83 de la Constitución de 1983 declara (El Salvador) es un Estado soberano, "la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites de esta Constitución", y el art. 84 que "el territorio de la República sobre el cual El Salvador ejerce jurisdicción y soberanía es irreductible y además de la parte continental... y el territorio insular integrado por las islas, islotes y cayos" que señala la sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana de 1917.

La soberanía está en peligro con el arrendamiento del 12 % del país, una amplia zona del sureste (26 municipios de 3 departamentos) calificada de Zona Económica Especial –combinado con la concesión de la explotación del Puerto de La Unión– porque en ella no se aplicarían algunos derechos sociales, ni tributarios y quién sabe si sus habitantes gozarán de los derechos políticos constitucionales, si los gobiernos municipales tendrán autonomía (art. 203 y 204) o ¿serán gobernados por el Consejo Directivo de la Zona Especial?; ¿gozarán de iniciativa de ley constitucional para decretar impuestos municipales (art. 133)?, ¿o se pretende suprimirlos?, ¿estará vigente el capítulo del orden económico? (art. 109 y 195).

De acuerdo con datos informales, CEPA ya acordó otorgar la concesión de la explotación del Puerto de La Unión a la firma china APX y desde el 6 de marzo dar en arrendamiento los polígonos I y II de 48 hectáreas ubicadas en la Zona extra portuaria, contigua a las instalaciones de CORSAIN, por un canon de $25,000 (mensual, por 50 años?) por cada uno de tres contratos. Y además parece que también se darán en arrendamiento otras 30 hectáreas.

Esos bienes raíces están en el patrimonio separado de CEPA (art. 223 y 225), pero forman parte de la Hacienda Pública, y "sólo podrán... darse en... arrendamiento, con autorización del Órgano Legislativo a entidades de utilidad general" (art. 233), calificación que también debe hacer dicho órgano; imposible si es una empresa lucrativa dedicada a la explotación del puerto y de una Zona libre de impuestos y quizás también de derechos sociales constitucionales.

Los funcionarios, antes de tomar posesión de sus cargos, han protestado ser fieles a la República, "cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto, cualesquiera que fueren las leyes,... que la contraríen..." y es deber de todo funcionario defender nuestra soberanía, que reside en el pueblo, que el Estado ejerce en el territorio nacional, el cual es irreductible, que por el sistema republicano, democrático y representativo, lo ejercen los órganos del gobierno y sus funcionarios por delegación del pueblo.

El art. 168 señala entre las obligaciones del presidente: "Mantener ilesa la soberanía de la República y la integridad del territorio", que tiene que cumplir con los funcionarios del órgano ejecutivo; y el art. 212 especifica: "La FUERZA ARMADA (cuyo comandante general es el presidente de la República) tiene por misión la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio"; obligación que también la tiene el órgano legislativo, por su facultad de "ratificar los tratados o pactos que celebre el Ejecutivo", que además debe ratificar las concesiones que otorgue el Estado (art. 120), acto en el que no debe olvidar su juramento y que de acuerdo con el art. 146 "no podrán... otorgarse concesiones en que de alguna manera se altere la forma de gobierno o se lesionen o menoscaben la integridad del territorio, la soberanía e independencia de la República o los derechos y garantías fundamentales de la persona humana".

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