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Nos acercamos a elecciones decisivas en distintos órdenes del quehacer nacional

Tanto la ciudadanía como las fuerzas políticas en competencia tienen que asumir, sin más tardanzas ni disimulos, las responsabilidades que les corresponden de cara a este cúmulo de decisiones por hacer.
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Estamos a escasos tres meses para que se lleven a cabo los comicios legislativos y municipales de 2018, que serán sólo la antesala de las elecciones presidenciales de febrero de 2019. En otras palabras, faltan ya sólo catorce meses para concluir este ciclo electoral especialmente intenso de nuestro calendario político. Y en el camino se tendrán que producir las elecciones de segundo grado que decidirán quiénes irán a ocupar cuatro plazas de magistrados en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, precisamente los cuatro que vinieron a cambiar sustancialmente el modo de proceder de dicha Sala hace ya casi nueve años, y quién llegará a ocupar la Fiscalía General de la República en el siguiente período, luego del desempeño del actual Fiscal, que hasta la fecha ha demostrado su voluntad de ejercer dicho cargo como se debe.

Como lo hemos señalado y subrayado en distintas ocasiones, cuando se ha hecho oportuno, nuestro proceso democrático se encuentra en una fase de redefiniciones de alta intensidad y también de alto riesgo, porque de lo que se haga en el presente tan desafiante que vivimos dependerá, en gran medida, lo que pueda traernos el futuro inmediato y aun el de mayor perspectiva en el tiempo. Tanto la ciudadanía como las fuerzas políticas en competencia tienen que asumir, sin más tardanzas ni disimulos, las responsabilidades que les corresponden de cara a este cúmulo de decisiones por hacer. Y según lo que se ha venido viendo y experimentando en el curso de los decenios recientes, la ciudadanía está más preparada y dispuesta a tomar su tarea con la claridad y responsabilidad que se requieren, y por eso desde los distintos ámbitos ciudadanos hay que urgir y presionar a las fuerzas políticas para que se comporten, hoy más que nunca, a la altura de las circunstancias y de los tiempos.

Lo que se demanda y se espera es que de las elecciones de 2018 surja una Legislatura que sea capaz de interactuar internamente para pasar de las confrontaciones inútiles a los entendimientos razonables, y que además se pueda configurar un mosaico municipal que sea capaz de impulsar el progreso local y el desarrollo territorial que son tan indispensables para que el país avance en serio y de veras. Y en cuanto a las elecciones presidenciales de 2019, lo que hay que potenciar es que su resultado constituya una nueva forma de liderazgo, que se ponga por encima de los simples ejercicios ideológicos y trascienda hacia una gobernabilidad auténticamente constructiva y por ende dinámicamente progresista.

Es clave que, en lo que toca a la Sala de lo Constitucional y a la Fiscalía General de la República, se dé una dinámica de escogencias realmente puestas a tono con lo que la realidad del país y de su proceso exigen para que la normalidad institucional y el Estado de Derecho puedan desplegarse de una manera segura y sostenida. El imperio de la ley es factor primordial en la consecución de tales propósitos, y esto los salvadoreños, como integrantes de la entidad nacional, debemos tenerlo presente en todo momento y circunstancia. Y, en lo que a las diversas elecciones se refiere, tanto en las urnas como en las instituciones competentes, el imperativo es el mismo: poner el bien común por encima de todo los demás.

En cualquiera de los casos mencionados, el deber selectivo debe funcionar con madurez y con visión. De que eso se cumpla depende en gran medida lo que pueda venir de aquí en adelante.

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