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Nuestro proceso nacional necesita certidumbre, credibilidad y proyección

Cualquier desvío en el comportamiento estatal, sea en lo político, en lo administrativo o en lo financiero, no sólo genera un mal ejemplo de perniciosas consecuencias para toda la estructura institucional sino que repercute muy negativamente en la credibilidad del desempeño de la misma.
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Uno de los fenómenos más significativos de esta etapa de la evolución nacional es el que se refiere al hecho de que hoy todas las actuaciones que tienen lugar en el escenario público se hallan cada vez más bajo el escrutinio ciudadano. Lo que esto pone en evidencia es que la arbitrariedad y la impunidad, que por tanto tiempo fueron características inherentes al manejo del poder en todas sus expresiones, han venido perdiendo su intocabilidad tradicional, para darle paso a un ejercicio mucho más acorde con los requerimientos de una auténtica democratización, que es lo que, a pesar de todas las dificultades y complicaciones que se hacen presentes a diario, está en camino en nuestro ambiente.

Y lo anterior es sólo uno de los factores evolutivos que deben mantenerse en acción para que el sistema de vida nacional pueda evolucionar de manera efectiva y sustentable. En verdad, lo que en el país estamos necesitando en forma inequívoca es que haya un saneamiento constante de toda la actividad tanto pública como privada, de modo que la transparencia, la probidad y la responsabilidad correspondan a lo que exige un real desempeño democrático. En esa línea, hay tres factores básicos por los que se debe trabajar sin descanso: la certidumbre en el desenvolvimiento del proceso, la credibilidad de las acciones de todos los actores nacionales y la proyección de las estrategias conducentes al desarrollo.

El Estado, por la naturaleza propia de su función, es el que en primer término está obligado a establecer y respetar la pauta en todos esos aspectos, que deben integrarse en un esfuerzo coordinado y conducente. Cualquier desvío en el comportamiento estatal, sea en lo político, en lo administrativo o en lo financiero, no sólo genera un mal ejemplo de perniciosas consecuencias para toda la estructura institucional sino que repercute muy negativamente en la credibilidad del desempeño de la misma. Y como esto se ha venido dando en forma sistemática a lo largo del tiempo, no es de extrañar que desde la óptica ciudadana persistan los recelos y las sospechas sobre el quehacer de las entidades públicas.

En el caso específico del manejo de las finanzas estatales, lo que viene presentándose sobre todo en los tiempos más recientes es una manipulación constante de las mismas, de resultas del desajuste entre los ingresos y los gastos, que ya es práctica consuetudinaria, con todos los efectos malsanos que son previsibles. Esto, que antes se disfrazaba impunemente de todas las formas imaginables, esta hoy cada vez más a la vista, lo cual genera reacciones burdamente defensivas desde las correspondientes instancias de la Administración.

Pero no hay que cejar en el empeño de hacer valer la transparencia pese a todas las maniobras para impedirlo. Es alentador al respecto que desde la sociedad civil haya un creciente empeño en vigilar la actividad institucional, a fin de que la honradez y la corrección vayan ganándole terreno a la arbitrariedad y al abuso. En la medida que esto se logre podemos ganar en certidumbre, en credibilidad y en proyección, todo ello en beneficio de un país más próspero y estable, como lo desean y lo esperan todos los buenos salvadoreños.

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