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Nuestro gobierno es republicano, democrático y representativo. Es claro el artículo 85 de la Constitución. ¿Qué significa esto?

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Sandra de Barraza

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En la República de El Salvador hay tres poderes claramente diferenciados por sus atribuciones y competencias. Uno hace, actualiza o deshace leyes, otro administra justicia y el otro, ejecuta. Cada órgano tiene su propio reglamento interno. Cada uno está integrado por actores diferentes. Cada uno es electo de manera diferente. Así lo establece la Constitución de la República. Existen y conviven para ejercer peso y cuando es necesario, contrapeso. Deben coordinar, guardando respeto mutuo. No pueden delegar sus responsabilidades. Y tampoco pueden asumir responsabilidades de otros.

En el caso del presupuesto, es la Asamblea Legislativa la que decreta el presupuesto de ingresos y egresos de la administración pública, así como sus reformas. Es la Asamblea Legislativa la que decreta su presupuesto y sus reformas, consultándolo con el presidente de la república para el solo efecto de garantizar que existan los fondos. Es la Asamblea Legislativa la que recibe el informe de labores que debe rendir el Ejecutivo por medio de sus ministros y aprobarlo o desaprobarlo. Tienen esa libertad y responsabilidad.

Para que la Asamblea Legislativa haga su trabajo, el Órgano Ejecutivo debe hacer el suyo. Le compete al Consejo de Ministros, liderado por el presidente de la república, elaborar el plan general del gobierno (¿está listo?). Compete al Consejo de Ministros elaborar el proyecto de ingresos y egresos y presentarlo a la Asamblea Legislativa por lo menos tres meses antes que inicie el año fiscal (septiembre). Es claro el mandato. El Consejo de Ministros es el que fundamenta y justifica el presupuesto. La Asamblea Legislativa, en democracia, no tiene obligación de aprobarlo. Deberá aprobarlo si cumple con las expectativas necesarias: ¿realista, viable y estratégico?

Para que la Asamblea Legislativa haga su trabajo, el presidente de la república tiene la atribución de celebrar tratados y convenciones internacionales. Pero tiene la obligación de someterlos a la ratificación de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tiene la libertad de no ratificarlos. En democracia, esto es probable y no tiene que causar asombro a nadie que no se ratifique. La Asamblea no está obligada a aprobar un tratado si considera que lesiona el contenido constitucional.

La independencia de Órganos es clave en nuestra república. La Corte Suprema de Justicia tiene la atribución de elaborar el proyecto de presupuesto de la administración de justicia y remitirlo al Órgano Ejecutivo para su inclusión, sin modificaciones, en el proyecto general del Estado. Así de claro está escrito en la Constitución de la República. El Órgano Ejecutivo no se le pide ni opinión, ni tampoco decisión. La Constitución le otorga el derecho de opinión y consulta exclusivamente a la Asamblea Legislativa.

La Asamblea Legislativa tiene también la atribución de decretar, interpretar auténticamente, reformar y derogar leyes secundarias. El número es abundante, tan abundante que convendría hacer una evaluación de cada una para evaluar la pertinencia. Y al presidente de la república le compete sancionar, promulgar, publicar las leyes y hacerlas ejecutar. El espacio de competencia está claro.

La Asamblea Legislativa puede reformar todas las leyes que quiera. El presidente de la república está obligado a evaluarlas. Si no tiene objeción, firma dos ejemplares, devuelve uno a la Asamblea Legislativa, archiva el otro y hace publicar el texto como ley en el Diario Oficial.

Si el presidente veta el proyecto de ley, lo devuelve a la Asamblea Legislativa explicando las razones del veto. La Asamblea puede reconsiderar el proyecto. También puede ratificarlo con al menos dos tercios de votos. Si esto sucede, debe enviarlo nuevamente al presidente para que lo sancione y lo publique.

Si el presidente lo considera inconstitucional y la Asamblea Legislativa lo ratifica, el presidente debe dirigirse a la Corte Suprema de Justicia para que decida si es o no es constitucional. Si decide que es constitucional, el presidente de la república está en la obligación de sancionarlo y publicarlo. La Constitución no le deja alternativa. Este es nuestro sistema de gobierno, republicano, democrático y representativo. Así de simple y concreto.

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