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Nueva oportunidad para una buena Ley de APP

Los asocios público-privados (APP) constituyen relaciones contractuales de largo plazo entre el sector gubernamental e inversionistas privados, por medio de las cuales se busca proveer servicios públicos y/o desarrollar infraestructura en el Estado para beneficiar a la población. Estos esquemas de inversión cobran mayor importancia en contextos de bajo crecimiento y en situaciones en las que los gobiernos no cuentan con los recursos financieros para responder a las necesidades económicas y sociales, tal como nos sucede en El Salvador, en donde la situación de las finanzas públicas es bastante crítica.
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Para que los APP sean exitosos y rindan frutos, se requiere que exista un adecuado marco legal, que se manejen con absoluta transparencia y que el gobierno cuente con la institucionalidad necesaria para gestionarlos y administrarlos. Hay un elemento adicional que no puede dejar de mencionarse, se debe creer en esta modalidad de inversión, pues si se ve de forma ideologizada y con prejuicios en contra de la inversión privada, difícilmente van a prosperar los proyectos de APP.

En mayo de 2013 se aprobó la Ley de APP, la cual tenía grandes deficiencias y debilidades, haciéndola prácticamente inoperante. En 2014, para que se concediera FOMILENIO II, se aprobaron reformas a la ley, pero estas fueron incompletas y se mantenían muchas deficiencias, lo que se confirma con el hecho de que a 4 años desde que se aprobó la ley, no se ha concretado ningún APP.

Las deficiencias principalmente tienen que ver con la excesiva intervención de la Asamblea Legislativa en los proyectos de APP, pues primero debe facultar al Órgano Ejecutivo para que pueda licitar los proyectos que impliquen compromisos firmes y contingentes, y posteriormente debe aprobar el contrato y la respectiva concesión. Otra de las deficiencias tiene que ver con las exclusiones de los sectores de educación, salud, seguridad pública, y justicia en lo relativo a aspectos penitenciarios. El estudio Infrascope de 2014, publicado por el BID y The Economist, señala que el requerimiento de obtener la aprobación legislativa antes de proceder y la falta de límite de tiempo para dicha aprobación podría constituirse en un escollo para los potenciales inversores, y que el ambiente para los APP en El Salvador ha sido dificultoso.

A finales del pasado mes de febrero, el presidente de la República por medio del Ministerio de Economía dio iniciativa de ley a reformas a la Ley de APP y la comisión legislativa que está conociendo del tema ha estado recibiendo a diferentes sectores. El proyecto de reformas corrige el error de la excesiva intervención legislativa, pues concentra en un solo momento las aprobaciones con una sola remisión, y también se reducen las exclusiones que contiene actualmente la ley, sin menoscabar los principios de dominio y rectoría estatal. Solo se excluiría la prestación pública del servicio de salud y de educación pública, el suministro público de agua potable, y los sectores de seguridad pública y justicia. En el caso del agua, se permitiría desarrollar proyectos de captación y tratamiento de aguas, y en materia de seguridad se podrían llevar a cabo obras de infraestructura en las instituciones penitenciarias.

Las reformas a la Ley de APP son una nueva oportunidad para tener un adecuado marco jurídico, un buen paso, pero insuficiente, ya que también deben fortalecerse las capacidades del Estado para administrar estos proyectos, así como no olvidar lo primordial que es brindar confianza y certidumbre jurídica a los inversionistas. Ojalá que la discusión legislativa sea técnica y que se dejen a un lado los prejuicios en contra de la inversión privada y se piense en el país.
 

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