Nuevas perplejidades crea la Sala

Al iniciar estas líneas, no habían empezado a pronunciarse los grupos de abogados y ciudadanos que con vehemencia tomaron posición alrededor de las sentencias de la Sala de lo Constitucional, descalificando ciertas elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Enlace copiado
Nuevas perplejidades crea la Sala

Nuevas perplejidades crea la Sala

Nuevas perplejidades crea la Sala

Nuevas perplejidades crea la Sala

Enlace copiado
Para no juzgar a determinados criterios mejores que las opiniones opuestas, digamos que las entidades favorables a los fallos no eran de mayor o menor respetabilidad, que sus contrapartes.

Seguramente las resoluciones del mismo tribunal, desautorizando la nominación de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, creará una símil divergencia de posturas, las cuales, me adelanto a señalar, ameritan miramientos iguales, pues en Derecho nadie puede acreditarse, ni exigir reconocimiento, como poseedor de la verdad absoluta.

Idénticamente al otro caso, es de reconocer a los suscriptores del fallo la valentía de hollar el suelo nunca trillado de la espesa foresta de irregularidades que cubre la institucionalidad del Estado. Su esfuerzo por moralizar y legalizar las elecciones de segundo grado es del todo laudable. Pero no inmaculadamente irreprochable. Al igual que las sentencias anteriores, las de estos días despiertan perplejidades, que deben exponerse en público.

La primera, por saltar primero a la vista, es el art. 196 de la Constitución, cuyo inciso 3.º estatuye que los magistrados de la C de C “no podrán ser separados de sus cargos sino por causa justa, mediante resolución de la Asamblea Legislativa...”. Se les inviste de inamovilidad, salvo por el caso que taxativamente la misma disposición acepta. Ningún otro motivo puede ser invocado. Ni organismo alguno que no sea la Asamblea puede contrariar su no separabilidad, so pena de arrogarse poderes que no le corresponden, según el art. 86 Const., que establece la independencia de los órganos del Estado dentro de sus atribuciones y competencias.

Se dirá que las circunstancias en cuestión no implican una separación del cargo, sino la anulación de su elección. Pero si esta adoleció de nulidad por violar la Constitución, sería de nulidad absoluta, de inexistencia jurídica; y las actuaciones con base en ella serían igualmente insubsistentes. Al darles vigor, la Sala está aceptando que no está imponiendo una nulidad, sino una separación, prohibida por el art. 196.

Este tipo de decisiones a muchos abogados nos dejan el amargo sabor de que menoscaban la seguridad jurídica, uno de los fines que el art. 1 de la Constitución reconoce como base para organizar el Estado. Si se dictaran apenas hecho, o a poco de emitirse, el nombramiento del funcionario, talvez pase; pero pronunciarse tras 18 meses en su puesto es desconcertante. Y no se trata de un proceso en la ordinaria administración de justicia, que puede tardar años para que se declare firme una decisión, sino de la esencia del Estado, la columna vertebral de la sociedad.

Igual confunde el principal argumento para remover a los magistrados; el de que la Asamblea “no documentó” su honradez y competencia notorias, a pesar de tener “denuncias” o “procedimientos” administrativos en contra. Esa es una presunción de culpabilidad. Se colige que las acciones en curso iban a ser condenatorias y su peso aplastaría la honradez y competencia de los acusados. Para ser justa, la Sala debía haber esperado la decisión definitiva de las diligencias incriminatorias y calificar su potencial para destruir la reputación de una persona. O confiar en que la Asamblea las había considerado insuficientes para inhibir su selección.

Tags:

  • magistrados
  • miramientos iguales
  • verdad absoluta

Lee también

Comentarios

Newsletter