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Nuevo conflicto sobre la mesa por la conformación de la terna para escoger al representante del sector empresarial en el IAIP

Es patente que los gestores principales del poder gubernamental continúan aferrados al propósito de imponer sus intereses específicos a toda costa, lo cual incluye desde luego la protección de personas directamente ligadas a dichos intereses, como se ha visto y se sigue viendo en los casos que a pesar de todo van saliendo a la luz.
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Uno de los puntos más sensibles en lo referente a la vigilancia y al control de las decisiones y de las acciones que se producen en el sector público es la configuración de los entes encargados de tales funciones, que por su propia naturaleza y por efecto de las condiciones que al respecto vienen dándose en el país son especialmente delicadas y comprometedoras. Con una tradición ocultadora y encubridora como la que ha imperado en el país a lo largo del tiempo, el compromiso de asegurar que dicha tarea vaya tomando cuerpo y perfeccionándose de manera progresiva es verdaderamente clave para el sano desempeño institucional.

La misma dinámica de nuestro proceso modernizador en función democratizadora ha promovido la configuración de instituciones como el Tribunal de Ética Gubernamental y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Esos son avances orgánicos que desafortunadamente están aún muy lejos de cumplir a cabalidad con los objetivos que la ley les asigna. Y salta a la vista que el obstáculo siempre presente es la resistencia gubernamental a transparentar en forma plena y verificable las actuaciones institucionales y el desempeño de los encargados de llevarlas a cabo.

Es patente que los gestores principales del poder gubernamental continúan aferrados al propósito de imponer sus intereses específicos a toda costa, lo cual incluye desde luego la protección de personas directamente ligadas a dichos intereses, como se ha visto y se sigue viendo en los casos que a pesar de todo van saliendo a la luz. Entre las maniobras más usuales para asegurar lo anterior está la manipulación de los entes encargados de garantizar la ética y la transparencia y de tomar decisiones que están en la agenda política del poder de turno, como fue el caso del salario mínimo.

Lo que está ocurriendo en la selección del comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública que corresponde al sector empresarial es una muestra de cómo se quiere ir por veredas para sacar del juego a los que pueden obstruir la táctica controladora que se impulsa desde la cúpula gubernamental. Lo que se está utilizando para ello es la arbitraria sustitución de aspirantes, de tal forma que salga excluida la representación de la ANEP y se incorporen presuntos representantes empresariales que son favorables a la línea del Gobierno.

Hay que señalar con claridad que lo pertinente para que el proceso democratizador siga evolucionando positivamente es que quede a un lado toda distorsión al servicio de la concentración del poder. Y es deplorable que los gestores principales del mismo insistan en hegemonizar arbitrariamente y a contracorriente, en vez de contribuir, como es su deber, a la limpieza del proceso y a la sanidad de las instituciones. Y también es lamentable que se tenga que estar acudiendo a las decisiones judiciales para deshacer los entuertos que no tienen por qué existir.

En el caso de la información pública, esta tiene que estar a disposición de la ciudadanía sin excusas ni pretextos. Complotar para que no sea así es un notorio atentado contra los derechos ciudadanos básicos.
 

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