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Nuevo impulso para mejorar la función pública

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Javier Castro De León / Colaborador de LA PRENSA GRÁFICA

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Para que las instituciones públicas tengan un funcionamiento óptimo y respondan de mejor manera a las necesidades de la población brindando un servicio público de calidad, se requiere que estén integradas por un recurso humano caracterizado por su capacidad, mérito y honestidad, siendo necesario para ello que exista un nuevo y moderno régimen de la función pública que regule adecuadamente la carrera administrativa dentro del Estado, por lo que cabe destacar la iniciativa de la sociedad civil que hemos presenciado esta semana y que busca justamente ello.

En El Salvador tenemos un régimen del servicio civil que data de 1961, que está obsoleto y que debió haber sido sustituido hace años, así como una dispersión normativa que dificulta su aplicación. Muchos vimos con buenos ojos cuando el anterior Gobierno, en 2012, a través de la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado, con el apoyo de la cooperación internacional, empezó a trabajar en un anteproyecto de Ley de la Función Pública, el cual fue ampliamente discutido. La propuesta de ley era un buen producto para iniciar la discusión y ante las dudas que tenían algunos sindicatos, se consultó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quien reiteró que respetaba los derechos laborales. No obstante, faltó lo más importante, la voluntad política tanto del Gobierno para promover su aprobación, pues la iniciativa de ley la dio un diputado que se había declarado independiente, como de la misma Asamblea Legislativa puesto que el tema no avanzó en lo absoluto.

Ya con el actual Gobierno, en agosto de 2016, se empezó a elaborar un segundo borrador que cambió su nombre a Ley del Servicio Público, el cual fue presentado a la Asamblea Legislativa y posteriormente se le dio iniciativa de ley. Este segundo proyecto tiene varias similitudes con el primero y puede servir de insumo para la tan necesaria discusión, en el cual hay temas medulares que deben abordarse, tales como la naturaleza de la entidad rectora y ámbito de aplicación, ya que la primera versión tenía una regulación más amplia, al permitir que se aplicara a toda la Administración Pública, pues parte del éxito de este tipo de normativas es que sea una ley marco y no una ley supletoria.

Es gratificante y genera entusiasmo la reciente conformación del Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública, integrado por organizaciones de jóvenes, academia, oenegés, asociaciones de abogados, centros de pensamiento, entre otros, el cual busca la aprobación de una normativa de la función pública con base en el mérito, la transparencia y la igualdad; así como apoyar la discusión legislativa y su posterior implementación.

Nos encontramos de nuevo frente a una oportunidad para aprobar cuanto antes una ley moderna e integral que regule la función pública en El Salvador. La pregunta que nos hacemos muchos es si esta vez habrá voluntad política para que la ley sea una realidad, por lo que dicha pregunta hay que trasladarla a los actuales diputados, así como a todos los candidatos a diputados que están en campaña electoral, que si estarán dispuestos a aprobar la respectiva ley, que brindaría beneficios a los salvadoreños, pues coadyuvaría a tener un Estado más eficiente y de mayor calidad asentado en la meritocracia.

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