Obligación de rendir cuentas y fiscalizar gastos reservados

Últimamente se ha estado hablando sobre la polémica del uso de gastos reservados en el Órgano Ejecutivo.
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Obligación de rendir cuentas y fiscalizar gastos reservados

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Se menciona la exorbitante suma de aproximadamente mil millones de dólares desde 1995 hasta 2016, los cuales en gran medida han correspondido a Casa Presidencial (CAPRES). El que sean gastos reservados no exime de ninguna manera al Gobierno de la obligación de rendir cuentas y de que sean fiscalizados por la Corte de Cuentas (CCR).

Los recursos públicos deben servir al Estado para cumplir con sus fines en beneficio de la población. Toda suma que provenga del Presupuesto General, ya sea que se le llame gastos reservados, imprevistos o discrecionales, o bajo cualquier otra denominación, tiene la naturaleza de constituir fondos públicos, y es por ello que los gobernantes están obligados a rendir cuentas.

Lo preocupante es que, tal como se ha dado a conocer por los medios, así como por el Capítulo Nacional de Transparencia Internacional, FUNDE, los gastos reservados del Órgano Ejecutivo han sido manejados con una excesiva discrecionalidad, opacidad y de forma abusiva. De hecho, actualmente se están ventilando procesos sobre posible enriquecimiento ilícito contra ex altos funcionarios, que tienen que ver en parte por el supuesto uso indebido de gastos reservados.

Es importante recordar que la Sala de lo Constitucional, en 2011, declaró la inconstitucionalidad de disposiciones del Presupuesto General del mismo año, corrigiendo el mecanismo perverso que permitía hacer transferencias de recursos entre distintos ramos de la Administración Pública sin autorización de la Asamblea Legislativa, con lo que los ahorros o sobrantes que se tenían en distintas carteras de Estado pasaban a engrosar la partida de CAPRES. En dicho fallo se menciona que todos los gastos públicos, sin excepción alguna, estarán siempre sujetos a fiscalización, control y rendición de cuentas; asimismo, que si bien se puede mantener en reserva cierta información presupuestaria, es de forma excepcional y restrictiva y únicamente en casos necesarios y debidamente justificados.

Es común escuchar que los gastos reservados se refieren a temas que involucran la seguridad pública y que ello justifica el secretismo. Al respecto, es dable recordar que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) establece criterios para declarar información reservada, como son los planes militares y lo concerniente a defensa nacional y seguridad pública. Las reservas pueden durar hasta siete años, y se pueden ampliar en cinco años adicionales. Al ser una excepción la clasificación no puede ser arbitraria y debe justificarse conforme con la ley. Si bien los gastos clasificados como reservados pueden tener base en otro cuerpo normativo, su acceso debe darse de acuerdo con la LAIP. Un buen parámetro que puede servir para declarar información reservada por razones de seguridad, limitar discrecionalidades y asegurar una rendición de cuentas adecuada, son los Principios Globales sobre Seguridad Nacional y Derecho a la Información, también conocidos como Principios Tshwane.

Por la naturaleza de fondos públicos que tienen los gastos reservados, la CCR tiene la obligación de fiscalizar el uso correcto de los mismos, para evitar arbitrariedades y actos de corrupción, sobre todo al haber mayor riesgo de abuso por su secretividad. El problema es que dicha institución se ha caracterizado históricamente por no cumplir efectivamente su rol de velar por el control de los fondos públicos; ojalá esto cambie.

En un país en donde los recursos públicos son limitados, no puede permitirse que se destinen millones de dólares a gastos reservados sin justificación, sin rendición de cuentas y mucho menos sin fiscalización, cuando el dinero es escaso en las escuelas y hospitales, así como para combatir la criminalidad y la impunidad.
 

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