Ojalá que el pacto interpartidario para una campaña de altura realmente se cumpla

Todos deben demostrar que merecen la confianza de la ciudadanía, y para ello sus respectivas conductas deben estar regidas no sólo por las normas jurídicas correspondientes, sino también por los principios del buen sentido y de la sana conducción.
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Acaba de suscribirse un pacto de respeto mutuo entre prácticamente todos los partidos políticos inscritos y de acatamiento de la normalidad democrática, de cara a los comicios que tendrán lugar el próximo 4 de marzo. Esto aconteció teniendo como testigos directos al Tribunal Supremo Electoral y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. El hecho tiene un significado simbólicamente positivo, sobre todo porque se produce en las antesalas de una elección legislativa y municipal que estará en las vísperas de otra, que menos de un año después definirá quiénes se harán cargo de la Presidencia y de la Vicepresidencia de la República a partir del 1.º de junio de 2019. El ambiente, pues, se halla caldeado de expectativas, y por ello poner señales de interacción respetuosa es un buen signo, aunque en definitiva todo dependerá de los comportamientos verificables.

Desde luego, el simple hecho de que se firme un acuerdo de esta naturaleza no asegura que habrá un cambio real en las conductas de las fuerzas políticas y de sus representantes y activistas ya en el campo de los acontecimientos reales, porque en el país ha habido infinidad de acuerdos que se quedan en el papel y en la imagen del momento, volviéndose entonces experiencias contraproducentes. Habría que presionar, por consiguiente, en todas las formas que la racionalidad indica para que esta vez las palabras sean la antesala de los hechos, a fin de que la sociedad pueda sentirse verdaderamente interpretada por aquellos que se proponen obtener su confianza y su apoyo. Las condiciones reales están a favor de que eso ocurra, y lo esperable es que todos los involucrados en la dinámica electoral lo entiendan así y actúen en consecuencia.

Los salvadoreños estamos ávidos de sentir y de experimentar que nuestro proceso democratizador y modernizador funciona de veras, y eso sólo podrá conseguirse si los actores políticos en juego se hacen responsables de sus conductas en forma sensata y respetuosa, aun en los momentos de más intensidad competitiva, como son los que anteceden a la decisión popular en las urnas y los que vienen luego de que se conocen los resultados. Es realmente decisivo para asegurar la estabilidad del proceso democrático que no haya violencia de ninguna índole a lo largo del mismo, y específicamente en las prácticas electorales. Los partidos tienen que contribuir a ello de manera decisiva y también tienen que hacerlo las autoridades electorales, tan cuestionadas por su desempeño reciente.

Todos deben demostrar que merecen la confianza de la ciudadanía, y para ello sus respectivas conductas deben estar regidas no sólo por las normas jurídicas correspondientes, sino también por los principios del buen sentido y de la sana conducción. Esto tendría que ser ya algo sobreentendido sin necesidad de tener que pactarlo; pero dado que los desempeños políticos muestran aún claros signos de inmadurez y de inconsistencia, es importante generar entendimientos preventivos que aseguren la buena marcha de los aconteceres políticos, en este caso enfocados al fenómeno electoral, que es donde se juegan las emociones y las pasiones más volátiles y peligrosas.

Estaremos pendientes de la suerte que corra este pacto de buena conducta al que se han comprometido formalmente nueve partidos políticos, que incluye desde luego a los que están a la cabeza de la contienda. Si dicho acuerdo se cumple, la ganancia de ello será para todos.

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