Ojalá que la traumática definición de los resultados electorales no dificulte más la situación nacional que viene

Las elecciones de 2015 quedarán en nuestro cuaderno de tareas democráticas con subrayados de alto relieve. Aprendamos de la experiencia para que ésta no nos atropelle.
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A partir del pasado 1 de marzo, cuando se produjo el evento electoral para definir el mapa de la gestión municipal y de la configuración legislativa para el período 2015-2018, lo que se ha vivido en el país es una turbulencia institucional sin precedentes particularmente en lo que toca al conteo de los votos. Los salvadoreños no nos esperábamos semejante experiencia, que ha puesto en vilo no sólo a las fuerzas políticas contendientes sino a muchos otros actores de la vida nacional. Si bien es cierto que elementos nuevos como el voto cruzado vinieron a complicar el manejo administrativo de la elección a última hora, lo que en primer lugar se ha hecho notorio de manera inequívoca es que hay un serio problema de desempeño en el ente encargado de administrar los procesos electorales, que es el Tribunal Supremo Electoral.

Ha quedado nuevamente en evidencia, y ahora de manera inocultable, que se vuelve cada vez más imperativo hacer transformaciones institucionales en la parte orgánica del manejo de los procesos electorales; y eso habría que tratarlo con la mayor premura posible, no sólo para que hechos como los que hemos vivido en estas semanas más recientes no se repitan sino para que lo que la ciudadanía va aportando como pruebas de madurez democrática no se distorsione o se trastorne por fallas y desatinos institucionales.

Es la ciudadanía misma la que está dando la pauta de lo que quiere básicamente para el presente y para el futuro: una dinámica política que se vaya alejando cada vez más de las concentraciones abusivas de poder y apunte hacia el trabajo serio en función de encontrarles soluciones verdaderas y eficaces a los grandes problemas que nos aquejan como conglomerado nacional. Si esto no se logra en los hechos, y con la sostenibilidad debida, el país como tal continuará padeciendo quebrantos continuos, con la consecuente pérdida de oportunidades históricas, como viene siendo tan patente sobre todo en los tiempos más recientes.

Esperamos que el proceso electoral que ha generado tantas incertidumbres tenga un final definitivo en el que no quede ninguna duda puntual sobre cuál fue la voluntad precisa del electorado. Esto es no sólo lo que dicho electorado merece, sino lo que el país necesita para entrar de lleno en la fase que sigue, que es la de activar los motores institucionales hacia una gestión que, en todos los sentidos, esté al servicio de los mejores intereses de la población en general, que es al final de cuentas la destinataria de las consecuencias de hacer las cosas bien o de hacerlas de manera deficiente o insatisfactoria.

A partir del 1 de mayo próximo entraremos en un período de tres años libres de tensiones competitivas directas en el ámbito político. Esto tendríamos que asumirlo todos los salvadoreños, y en particular desde luego los distintos liderazgos nacionales, como una oportunidad altamente propicia para enderezar muchas cosas en el país, y de manera especial el rumbo que lleva el quehacer nacional. La ciudadanía manifiesta sistemáticamente, con mayoritaria consistencia de opinión, que el rumbo que venimos siguiendo es incorrecto. Trabajar en ello es, pues, no sólo insoslayable sino indispensable.

Las elecciones de 2015 quedarán en nuestro cuaderno de tareas democráticas con subrayados de alto relieve. Aprendamos de la experiencia para que ésta no nos atropelle.

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