Óptica jurídica del aborto (1)

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La Prensa Gráfica

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Buen debate ha causado el tema de la despenalización del aborto. Como abogado, emitiré mi opinión haciendo enfoque desde la óptica jurídica salvadoreña.

Antes de 1998 el aborto era criminalizado aquí, pero existían las “indicaciones abortivas”, que constituían tres excepciones a esa penalización: 1) Aborto terapéutico, 2) Aborto eugenésico, y 3) Aborto ético. Con la aprobación del Código Penal de 1998, el aborto pasó a ser penalizado en todas sus formas. En 1997, cuando se gestan las reformas al nuevo Código Penal y la penalización de aborto, contrario a lo que aseveran algunos proabortistas hoy en día, no fue únicamente la Iglesia Católica quien alzó la voz para respetar la vida del no nacido, sino también estuvieron al frente del movimiento ciudadanos comunes, profesionales (médicos, sociólogos, psicólogos, demógrafos, abogados, etc.), y fieles de distintas iglesias, preocupados por salvaguardar el derecho a la vida, que movimientos internacionales de la industria abortista e ideología socialista amenazaban con violentar, como siguen haciendo, atentando contra la vida, el máximo bien jurídico. Los argumentos fueron jurídicos, médicos, filosóficos, antropológicos, y no exclusivamente religiosos. Igualmente ha sucedido estos días, en los que diferentes gremiales de médicos y otros profesionales se han manifestado por el sí a la vida.

El mundo vive actualmente una serie de fenómenos sociales, llenos de movimientos que actúan en la supuesta “defensa” de minorías, o de grupos sociales “desprotegidos”, en los que encontramos aquellos que están a favor de que el aborto sea legal. Estos hacen parecer que cualquier opinión contraria a su planteamiento sea considerada como retrógrada, desigual, o anticuada, e incluso pueden llegar a generar violencia y represalias para los que queremos resguardar la vida como presupuesto indispensable para gozar los demás derechos inherentes al ser humano, buscando amedrentarnos para callar nuestra opinión. Sin embargo, es de suma importancia que nos manifestemos en lo que creemos y pensemos es lo correcto. Esto, no solo desde una óptica social sino también jurídica, que es el medio por el cual una sociedad mantiene su orden y protege los derechos de cada uno de sus miembros, por lo que en este texto me referiré puntualmente a los argumentos jurídicos, por los cuales el permitir el aborto resultaría inconstitucional en El Salvador.

El derecho es una ciencia que debe ser interpretada de modo integral, y no como se ha pretendido analizando únicamente el Código Penal, sin tomar en cuenta todos los cuerpos legales que conforman el ordenamiento jurídico salvadoreño. Recordar que en cada ordenamiento jurídico existe una jerarquía, y en el nuestro, quien se encuentra en la cúspide de la misma es la Constitución, por lo que todo el resto del ordenamiento jurídico debe ser acorde a lo que esta prescribe.

Desde su primer artículo, la Constitución reconoce a la persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado; en el inciso segundo del mismo artículo “reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”; no está de más decir, que la doctrina jurídica reconoce que el objeto y fin del derecho es el ser humano, dentro del orden social justo, al que se le reconoce universalmente la titularidad de derechos. En el artículo 2 establece: “Toda persona tiene derecho a la vida...”; por tanto, si reconoce que es persona desde el instante de la concepción, entonces cualquier ser humano aún no nacido también goza del derecho a la vida que el Estado debe garantizar y proteger plenamente sin excepción alguna.

Las consecuencias jurídicas de la despenalización del aborto serían:

a) Permitir que el bien más preciado y derecho más protegido de la persona por nuestra Constitución, la vida, sea violentado, recayendo de esta forma en una inconstitucionalidad.

b) Despenalizarlo no quita la protección jurídica del derecho a la vida que tiene el no nacido por medio de la Constitución; la violación a este derecho seguiría siendo un delito, el de homicidio tipificado en el Código Penal, en su artículo 128.

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