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Otra campaña adelantada

Al igual que en las pasadas y en las antepasadas elecciones presidenciales, la campaña política electoral presidencial ha comenzado dos años antes, esta vez con la lucha sorda entre los precandidatos presidenciales.
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Lucha que es evidente en el seno del principal partido de derecha, en donde los dos precandidatos han entrado a una franca y hostil competencia. Por cierto, que en esa carrera uno de ellos ya tenía meses de haber iniciado su actividad, cuando el otro se decidió a participar. Pero independientemente de los disimulos del TSE, ambos están en campaña electoral abierta. Aunque como justificación podrían argumentar que del otro lado, los posibles candidatos o precandidatos de la izquierda también están ya en campaña, porque son funcionarios públicos que cuentan con la constante exposición ante los medios de comunicación. Pero, no es lo mismo. Lo cierto es que según el art. 81 de la Constitución, la campaña presidencial debe iniciar cuatro meses antes de las elecciones; y eso, no lo están respetando los dos precandidatos.

También es parte del panorama político, al igual que en las dos últimas elecciones presidenciales, la situación política de Venezuela. Con la diferencia, de que ahora el país suramericano se encuentra lo suficientemente complicado, como para tomar medidas desesperadas, como la elección de una Asamblea Constituyente para deshacerse de los funcionarios incómodos. Medida que por cierto aísla aún más políticamente al gobierno de Maduro. Y para efectos de nuestro análisis, le viene muy bien a la oposición salvadoreña, que trata de hacer una comparación mecánica de la situación política nuestra con la venezolana.

Pero a pesar del discurso y los sueños de mayor control del poder político que podrían tener algunos militantes del Frente, lo cierto es que aquí hay respeto a las principales libertades democráticas. Comenzando con el equilibrio de poderes entre los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pues ha habido una larga cadena de resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que afectan directamente a los intereses y la gobernabilidad de la administración del FMLN. Como muestra, las últimas dos emitidas antes de las vacaciones de agosto: las declaraciones de inconstitucionalidad del presupuesto de 2017 y del aumento del techo de los Certificados de Inversión Previsional del 45 % al 50 %. El presidente Sánchez Cerén y miembros de su gabinete pusieron el grito en el cielo, criticando la resolución. Pero al final, como en anteriores ocasiones, se va a cumplir la sentencia de que “las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, son de obligatorio cumplimiento”. Y como dijo uno de los magistrados, la sala va a seguir vigilando las actividades del Gobierno, para corregirles la plana.

En la Asamblea Legislativa, ARENA tiene la llave para la aprobación de préstamos económicos y elección de funcionarios con mayoría calificada, como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y de la Sala de lo Constitucional, así como del fiscal general de la República. No existe comparación seria posible, pues no podemos negar que aquí, a diferencia de Venezuela, existe libertad de expresión, de organización, respeto a la prensa, a la propiedad privada. Y en especial, elecciones que han sido consideradas libres y democráticas por los diferentes organismos internacionales que siempre las han monitoreado celosamente.
 

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