Otra política de salud pública

<p>La nueva ley de medicamentos, entrada en vigor recientemente, ha causado encontrados y apasionados debates de parte de los laboratorios productores de medicina y buena parte de la industria farmacéutica, que han visto afectados sus intereses por las nuevas normativas; como de parte de los titulares del Ministerio de Salud, que han visto coronados años de esfuerzos, que por el momento han culminado con la entrada en vigencia de la ley.</p>
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Aprobada poco antes de las elecciones para alcaldes y diputados de este año, mediante un consenso de todas las fuerzas del espectro político nacional en la Asamblea Legislativa, dicha ley persigue que la ciudadanía salvadoreña tenga acceso a los medicamentos esenciales a precios razonables, que estos medicamentos tengan una calidad comparable a estándares universalmente aceptados y además que sean usados racionalmente tanto por quienes los comercializan y prescriben como por quienes los consumen.<p>La propuesta presentada por el gobierno del presidente Mauricio Funes a través de la titular de Salud, Dra. María Isabel Rodríguez viuda de Sutter, abarca todo un paquete de actores que van desde los mismos productores y comercializadores de medicamentos, pasando por el personal médico prescriptor de recetas, y terminando con los pacientes consumidores de los medicamentos, ya que el objetivo último de esta novísima normativa es mejorar la salud del ciudadano de a pie mediante la regulación de la adquisición de medicamentos a precios justos y con un razonable control de calidad.</p><p>La ley tuvo su origen en la Universidad de El Salvador (UES), en un estudio realizado por los doctores Geovanni Guevara y Eduardo Espinoza Fiallos, intitulado “Disponibilidad y precio de los medicamentos esenciales en El Salvador durante el segundo semestre de 2006”, publicado como separata del número 10-11 de la revista La Universidad, donde se demostró que El Salvador es uno de los países del mundo que tiene los precios de los medicamentos más altos, y que su disponibilidad promedio en el sector público alcanzaba el 50%, además que la capacidad de pago para comprar tratamientos pautados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es en nuestro país de las más bajas del mundo.</p><p>¿Qué nos indica este diagnóstico? Que es necesario regular la producción, comercialización y calidad de los medicamentos en el país, pues se trata de precios que rebasan los estándares internacionales; por otro lado, que es necesaria una nueva estructura que regule y vigile la aplicación de precios justos y accesibles para la mayoría de la población. En este sentido es coherente la creación de una nueva Dirección Nacional de Medicamentos, que sustituye al Consejo Superior de Salud Pública en sus funciones.</p><p>La ley abarca un espectro inédito y casi no abordado en el país, como es el de la venta ambulante de medicamentos, que no tiene ningún control de fecha de vencimiento. </p><p>Además, la nueva ley combate la cultura de la automedicación y del abuso excesivo de medicamentos. Muchos de ellos, que deberían ser accesibles solo mediante receta médica, al encontrarse a la venta a granel en las calles, propician un abuso del consumo de los mismos, que va en detrimento de la salud del paciente.</p><p>Se trata de otra estrategia, más moderna y efectiva, para mejorar las políticas de salud pública en beneficio de los salvadoreños.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

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