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La Corte de Cuentas es la responsable de fiscalizar los activos, fijos y el circulante y también los pasivos del país. Ella conoce y cuida del patrimonio nacional.
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La Corte de Cuentas de la República es la institución que fiscaliza la hacienda pública y la ejecución del presupuesto, dice la Constitución de la República. La Ley de la Corte de Cuentas de la República, vigente desde 1995, especifica: “Es el organismo encargado de fiscalizar, en su doble aspecto administrativo y jurisdiccional, la hacienda pública en general y el presupuesto en particular, así como la gestión económica de las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo, de las entidades que se costeen con fondos del Erario, de las que reciban subvención o subsidio del Erario Público y, a posteriori, el presupuesto ejecutado por los Concejos Municipales”.

¿Hacienda pública? El artículo 223 de la Constitución de la República establece que está formada por (1) sus fondos y valores líquidos, (2) los créditos activos, (3) los bienes muebles y raíces, (4) los derechos derivados de la aplicación de leyes relativas a impuestos, tasas, contribuciones y otros que correspondan a cualquier otro título. La Corte de Cuentas es la responsable de fiscalizar los activos, fijos y el circulantes y también los pasivos del país. Ella conoce y cuida del patrimonio nacional.

Y ¿lo público? Dice la misma Ley de la Corte de Cuentas que está conformado: (1) todos los órganos y las instituciones y sus dependencias establecidas conforme a la Constitución de la República, (2) las instituciones autónomas estatales y sus dependencias, (3) las entidades de derecho público creadas por ley o por decreto ejecutivo y (4) las sociedades o empresas creadas por las instituciones y entidades con un aporte del 100 % de capital. El alcance del quehacer de la corte cubre las 24 unidades primarias e instituciones del gobierno central, 54 instituciones descentralizadas, empresariales y no empresariales, adscritas a diferentes ramos, 35 instituciones subvencionadas del sector salud, al menos cuatro de educación y quién sabe cuántas más de otros sectores. Debe agregarse las que tienen subsidio estatal en las que se incluyen las 41 federaciones deportivas del INDES, universidades privadas y más. Y también las 262 alcaldías municipales.

Vale comentar que es oportuno actualizar y difundir la cobertura obligada que tiene la Corte de Cuentas. Por transparencia, se espera encontrarla en la web institucional. No obstante, con esta información cualquiera tiene idea de la dimensión del trabajo de evaluación administrativa y jurisdiccional de esta institución, institución que debe darnos la certeza de que la hacienda pública y el presupuesto se administran dentro del marco de la legalidad. Y más, debe comprobar y asegurar la eficiencia, la efectividad y la economía de la gestión pública en todas y cada una de las instituciones que están dentro del ámbito de su competencia. Y si no se cumple con estas exigencias legales, debe declarar la responsabilidad administrativa, patrimonial o ambas y proceder ante la Fiscalía General de la República.

En nuestra historia reciente ¿cuántos casos se han identificado de malos manejos y de corrupción pública? En nuestra historia ¿cuántos se han procesado? Y ¿cuántos han tenido penas? Sobran dedos de las manos. Y por esta pública información, tenemos la sensación generalizada de impunidad ante inapropiado manejo de la hacienda pública y el presupuesto. No dan certeza de la eficiencia, mucho menos de la eficacia y nada se conoce sobre la economía en la gestión. Los recursos se gastan y la situación sigue igual. Entonces, cualquier sospecha de malos manejos por evidente y veloz enriquecimiento sin explicación alguna.

Esta percepción, que tanto daño le hace a la administración de lo público, debe cambiar. Y para que suceda debe asegurarse que la Corte de Cuentas hace su trabajo con la necesaria independencia. Es imposible que le exijan al personal de la Corte “capacidad e idoneidad comprobadas para el desempeño de sus funciones” y que la Asamblea Legislativa se atreva a elegir al presidente y los magistrados sin dar fe del proceso y las fuentes de información para comprobar esta exigencia legal. Es imposible que se le exija al personal “independencia plena” sin que la Asamblea Legislativa asegure que el presidente y los magistrados electos cumplen con la necesaria independencia en lo político y económico.

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