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Otro clavo en el ataúd del órgano de justicia

¿Qué celebraban ayer los profesionales del Derecho que se abrazaban luego de ser juramentados? En un día que pesará como losa sobre la independencia judicial perdida, celebraban su ingreso a las filas del servilismo oficialista.

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La Prensa Gráfica

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Lo más amargo del manoseo que ha sufrido el órgano judicial es que aunque su propósito sea nefasto, la expresión de ese plan puede confundir a la nación y a los observadores ingenuos.

Ayer, un ejército de nuevos jueces eran juramentados por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que les pedía "cumplir y hacer cumplir la Constitución." La incongruencia es escandalosa: la conformación del pleno del máximo tribunal salvadoreño es violatoria de la Carta Magna. Que esos profesionales del Derecho ingresen al servicio público en esta coyuntura y de ese modo supone para todos ellos una deficiencia de origen y delata la falta de independencia de la que adolecerá su ejercicio.

Esa es la característica que el oficialismo ha buscado como denominador común de los nuevos empleados del órgano judicial: docilidad para aplicar la ley de modo acomodaticio, sin perturbar los intereses ni la agenda de desmantelamiento institucional y escalada de negocios de la cúpula en el poder. No se trata sólo de reconocer que ya no hay independencia de poderes sino de entender que el ministerio público puede actuar desde hoy como otro brazo punitivo al servicio de Bukele, tal cual ya ocurre con la Policía Nacional Civil y con la Fuerza Armada de El Salvador.

La administración de justicia no ha sido satisfactoria. La nación coincide en esa preocupación y queja, la de un sistema judicial imperfecto, vulnerable al crimen organizado, a la operación pandilleril y a las presiones políticas de distinto signo. Pero desde diferentes tribunas se ha coincidido en que no puede haber depuración exitosa si se procede irrespetando el debido proceso, destruyendo a plena luz del día la independencia de este órgano y burlándose del Estado de derecho.

Es tal el deterioro en que se ha caído que la medida cautelar con que una Cámara de Familia reaccionó ante la denuncia de vulneración de derechos hecha por varios jueces no produjo ningún efecto.

Bukele y los grupos que lo patrocinan han avanzado aceleradamente en el desmantelamiento del orden político; lo hacen de un modo abusivo porque la Constitución establece los procedimientos que deben seguirse en la relación de unos órganos con otros y en la protección de los derechos de los funcionarios y en la tutela de los deberes del Estado con la ciudadanía. Lo que el presidente ha hecho a través de sus criados en la Asamblea Legislativa no se explica porque detenten la mayoría como voluntad del pueblo elector, sino porque ignoraron la Ley al destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República, y desde ahí han organizado una estructura judicial nueva, viciada sin reparación posible desde el 1 de mayo.

Cuando se honra no sólo la lógica histórica y las necesidades de la sociedad sino que la misma Ley que le da inspiración al sistema de gobierno y al Estado, una nación puede celebrar que ha avanzado. Pero cuando se procede a partir de los apetitos, antojos y ambición de un grupo hegemónico, nuevo o viejo, las opciones son retroceso o barbarie. El siglo XX fue pródigo en ejemplos, todos y cada uno de los cuales El Salvador debería estudiar con atención y urgencia ante las señales que se suceden.

¿Qué celebraban ayer los profesionales del Derecho que se abrazaban luego de ser juramentados? En un día que pesará como losa sobre la independencia judicial perdida, celebraban su ingreso a las filas del servilismo oficialista. Los ciudadanos se darán cuenta en cuanto el primero dirima en un tribunal una causa contra cualquiera de los funcionarios de Bukele, los abusos de su Policía o denuncie a cualquiera de los mercaderes y empresarios que conforman sus grupos de apoyo.

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