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Para ellos sí. Para mí no. Para ellos no. Para mí sí

Es indispensable que los funcionarios y servidores públicos demuestren, en lo público y lo privado, que están “al servicio del Estado y no de una fracción política partidista”. Y esto porque no se vale que el servidor público por ser simpatizante o militante de un partido se niegue a pensar en el bien común, bien que no tiene ni podrá tener, color partidario.
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Cuando la institucionalidad empieza a dar indicios de funcionar los que se sienten afectados dicen que es persecución partidaria. ¡Persecución partidaria! Es el escudo. Y esta expresión se escucha una y otra vez y cada vez con mayor frecuencia. Cuando se escucha, todos saben que detrás hay un político que se siente afectado y públicamente quiere “limpiar” las dudas sobre su inocencia. Se hace la víctima “por ser de la oposición”. Son muchas estas declaraciones de funcionarios y exfuncionarios del gobierno central y municipal, que hacen llamados para que “su” partido les defienda.

Hay que dejar que la institucionalidad funcione y produzca resultados contra la corrupción y la impunidad. Y en esto sin importar el partido al que pertenecen los cuestionados, los denunciados o los acusados.

El artículo n.º 88 de la Constitución de la República (CR) establece que “la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y el sistema políticos establecidos”. Desde hace 7 años se tiene alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, hecho que representa una oportunidad para el fortalecimiento de nuestra democracia. Y esta realidad obliga al compromiso de asegurar que la institucionalidad funcione sin intervención ni interferencia partidaria más que para hacer realidad el artículo n.º 1 de la CR.

Dejen que la institucionalidad funcione sin apuros. Hay que alistar las pruebas para confirmar la inocencia porque hasta no comprobarse lo contrario, todos son inocentes. La verdad siempre brilla, especialmente cuando el ejercicio ciudadano ejerce presión sin simpatía partidaria alguna. Y hay que tener prudencia con las declaraciones públicas para no dar la impresión de estar protegiendo intereses particulares o estar “matando el chucho a tiempo”. Cuidado. Cuidado porque los políticos partidarios no saben a quién tienen al lado especialmente cuando en el periodo electoral lo que les importa es “que sumen votos” aunque resten credibilidad y destruyan la confianza.

Es indispensable que los funcionarios y servidores públicos demuestren, en lo público y lo privado, que están “al servicio del Estado y no de una fracción política partidista”. Y esto porque no se vale que el servidor público por ser simpatizante o militante de un partido se niegue a pensar en el bien común, bien que no tiene ni podrá tener, color partidario. No se vale que por ser simpatizante o militante de partido político, el “servidor público” se niegue a cumplir con su misión constitucional. Por esto, es criticable que militantes y activistas disfrazados de “servidores públicos” estén en plazas públicas apoyando a uno u otro partido político durante su jornada laboral. Esto se llama corrupción, porque la corrupción se traduce a centavos y de millones. Y no debe olvidarse que de centavo en centavo se hacen los millones.

Cuando la institucionalidad empieza a dar indicios de funcionar, algunos ciudadanos con inclinaciones y simpatías partidarias toman iniciativa o se prestan a la iniciativa de descalificar decisiones que se toman en el marco de la institucionalidad. Parece que molesta, incomoda y fastidia que funcionarios y servidores públicos hagan que las instituciones funcionen. Cuando las instituciones empiezan a funcionar, suceso que da esperanza a los ciudadanos comunes y corrientes, empiezan a cuestionar una y mil cosas para descalificar. Así se explica la acusación de criterios “arbitrarios” en el ejercicio de analizar la existencia de indicios, es decir, señales o manifestaciones de enriquecimiento ilícito en la Sección de Probidad. Imposible no tener criterios de tiempo, de relevancia o de notoriedad.

Entonces ¿se deja que la institucionalidad funcione? ¿Les conviene que la institucionalidad funcione? Si la respuesta es afirmativa, hay que tranquilizar a los que se sienten “perseguidos políticos”. Si es lo contrario, se tendrán que hacer esfuerzos ciudadanos para promover y concretar asistencia internacional para que la corrupción no siga amparada a la impunidad. ¿Necesitamos una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES)? Los políticos justifican su negación argumentando que nuestras instituciones son sólidas pero no quieren que funcionen. ¿Entonces? Si asumen o asumieron cargos públicos haciendo uso del artículo n.º 85 de la Constitución de la República tienen que demostrar públicamente que hay compromiso con la probidad. Y eso pasa por respetar y fortalecer el trabajo de la Sección de Probidad de la CSJ.

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  • institucionalidad
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