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Para lograr la estabilidad permanente hay que asegurar que haya un manejo responsable en todos los órdenes de la vida nacional

Es claro, sin necesidad de más constataciones, que nuestra situación fiscal no puede ser más riesgosa; y lo que debería ser señalado como el factor de mayor incidencia para que las cosas en vez de mejorar empeoren es que no parece haber conciencia asumida sobre lo que está pasando, ni entre los actores gubernamentales ni entre los actores políticos.
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La democracia nunca puede funcionar en forma mecánica, como si fuera un aparato al que basta encender para que se mantenga activo sin más. Al ser un ejercicio que se mueve al impulso de las voluntades humanas puestas en juego constantemente, es de la forma en que dichas voluntades se comportan que depende lo que vaya ocurriendo en el terreno de los hechos. En tal sentido, tenemos que evaluar el funcionamiento real de nuestra experiencia democratizadora en el tiempo, y en particular en la coyuntura presente, cuyas características indican que estamos en un momento crucial de nuestro proceso, en el que hay mucha tarea pendiente tanto en lo que hay que corregir como en lo que hay que potenciar.

Los signos de que nos encontramos en zona crítica verdaderamente inquietante provienen desde los más diversos ángulos. Para el caso, la agencia calificadora Standard and Poor's (S&P) acaba de hacer en tiempo récord otra degradación a la calificación de riesgo del país, de B a B-, por un motivo muy específico: no haberse logrado oportunamente el acuerdo fiscal que nos pondría en ruta hacia la normalización financiera. En el comunicado correspondiente la calificadora expresa sin desperdicio: “La baja de las calificaciones refleja la continua erosión del perfil fiscal y de deuda de El Salvador, lo que incrementa las incertidumbres con respecto a su acceso a liquidez adecuada para cubrir sus requerimientos de fondeo en 2017 y 2018”. Y en complemento de ello se considera que, en las condiciones actuales, para el Gobierno será muy difícil cumplir con los requerimientos de responsabilidad fiscal contenidos en la legislación recién aprobada al respecto. Este juicio enfatiza la desconfianza que se tiene desde afuera sobre la capacidad real de El Salvador para girar en lo inmediato hacia condiciones más favorables.

Es claro, sin necesidad de más constataciones, que nuestra situación fiscal no puede ser más riesgosa; y lo que debería ser señalado como el factor de mayor incidencia para que las cosas en vez de mejorar empeoren es que no parece haber conciencia asumida sobre lo que está pasando, ni entre los actores gubernamentales ni entre los actores políticos. Por el contrario, los atrincheramientos continúan; y en lo que se refiere a las señales que se dan desde las más altas esferas de la conducción gubernamental, prevalece el empecinamiento en seguir actuando como hasta ahora, con un discurso autocomplaciente que no ayuda en nada a la búsqueda real de soluciones que puedan ir despejando el enrarecido panorama.

Por eso subrayamos que es decisivo que se avance hacia un manejo responsable en todos los órdenes de la vida nacional, comenzando desde luego por el orden político en sus diversos sentidos y expresiones. Tal manejo responsable tendría que ser perceptible en los hechos para que se pudieran ir generando la certidumbre y la confianza que tanto se necesitan en función de la buena salud del proceso democrático. Punto clave para activar la responsabilidad es reconocer que sólo la acción conjunta y bien dirigida de todos los actores nacionales será capaz de producir efectos renovadores a profundidad y de largo alcance.

Nada de esto es fácil, y por ende hay que decidirse a afrontar el reto sin ataduras de interés sectorial o coyuntural. Esto es lo que más les cuesta a los actores políticos, pero más temprano que tarde tendrán que asumirlo para que la ciudadanía no les cobre a costo creciente la respectiva factura.

Tags:

  • crisis fiscal
  • economia
  • deuda
  • riesgo

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