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Para lograr que el país entre en una etapa de normalidad total se tiene que aplicar mucha inteligencia y asegurar que prevalezca el realismo

Cuando las instituciones o sus funcionarios transgreden el orden legal, es el sistema normal de vida colectiva el que paga las consecuencias. En casos ya emblemáticos como el de los ataques cibernéticos contra medios de comunicación esto queda en clarísima evidencia.
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El día a día de nuestra realidad nacional se halla constantemente recargado de problemas no resueltos y de conflictos resultantes de esa problemática pendiente. Los salvadoreños de todos los orígenes y condiciones recibimos, de las más variadas formas, los impactos derivados de toda esta situación en la que desde ya hace tanto tiempo estamos inmersos. Como es un cúmulo de causas lo que produce tal estado de cosas, es evidente que la situación no podría cambiar con unas cuantas medidas de ocasión, como es siempre lo que quisieran hacer los que gobiernan: aquí de lo que se trata es de activar mecanismos que partan de una política integral, desplegada en propuestas y proyectos que tengan la debida articulación en todos los sentidos en que eso se necesite. Y los que deben tomar la iniciativa son desde luego los que gobiernan, porque precisamente para eso han sido colocados ahí por la voluntad popular.

Vivimos inmersos en la anormalidad, y esto incide, con los matices que se quiera, sobre todo lo que pasa en la vida nacional. Somos un conglomerado heterogéneo, como son todas las sociedades del mundo, y por eso mismo, que es un hecho natural, tenemos que ir habilitando intensivamente los mecanismos de la democracia, que son los únicos que proveen tratamientos para sacarle todo el provecho posible al pluralismo en sus diversas expresiones políticas, sociales y culturales. Convivir es compartir diferencias, porque pretender y ya no se diga querer imponer la uniformidad actúa como un artificio perverso e inhabilitante, como ha ocurrido con los regímenes dizque revolucionarios, comenzando por la Unión Soviética, que se derrumbó por su propia cuenta.

En El Salvador tuvimos una guerra marcada por la clara simbología ideológica extrema, y luego, como por obra providencial, pasamos a una posguerra definida por la potenciación de la democracia activa, en la que las ideologías siguen existiendo pero no como armas de guerra. Esto es lo que la política y sus representantes en las diversas áreas de la institucionalidad tienen que reconocer y aceptar de una vez por todas, a fin de que el régimen democrático se desempeñe a cabalidad en todas sus manifestaciones. La normalidad, pues, comienza siempre por hacer que las distintas piezas del juego nacional no sólo estén ubicadas donde les corresponde sino que se manejen de acuerdo con su propio papel establecido por el reparto legal de atribuciones.

Cualquier distorsión en el ejercicio de la función pública trae consigo efectos altamente perturbadores tanto en lo que se refiere a la confianza sobre el desempeño de las instituciones y de los encargados de su gestión como en lo que toca a la sanidad de las prácticas del quehacer estatal. Cuando las instituciones o sus funcionarios transgreden el orden legal, es el sistema normal de vida colectiva el que paga las consecuencias. En casos ya emblemáticos como el de los ataques cibernéticos contra medios de comunicación esto queda en clarísima evidencia.

A lo que todos debemos aspirar es a que la normalidad apegada al orden legal y los lineamientos del desarrollo sea la que impere en todo sentido. Para llegar a ello se requiere funcionar con inteligencia activa e interactiva y también utilizar siempre criterios realistas para definir las políticas nacionales. Toda improvisación es receta de inseguridad, y la inseguridad es la forma de anormalidad más dañina. El proceso del país hay que ir planificándolo en conjunto, de tal manera que pueda haber predictibilidad positiva bien fundamentada.

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