Para mantener la estabilidad y la solvencia del país es indispensable garantizar sin reservas el buen manejo de las finanzas públicas

Ojalá que el acercamiento anunciado entre las dirigencias del sector privado y del sector público pueda empujar de manera sustancial en esta línea.
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Dentro del revuelo que ha venido generando en el ambiente la iniciativa gubernamental de hacer una reforma del sistema de pensiones para pasar de nuevo a un esquema de reparto, lo que queda más en evidencia, como un telón de fondo inocultable y cada vez más indisimulable, es que la razón que mueve apremiantemente dicha iniciativa es la angustia financiera del Gobierno, cuya caja se halla en situación de penuria crónica. La imposibilidad de cumplir obligaciones ya asumidas es una amenaza constante, y ahí se centra la urgencia de encontrar fondos a como dé lugar.

Cuando se enfoca responsablemente esta delicada temática, hay que reconocer de inmediato que en el país siempre se ha venido actuando de manera coyuntural aun en lo que se refiere a cuestiones de naturaleza eminentemente estructural. Lo que esto representa en el tratamiento usual es una distorsión que ha llegado a ser tenida como algo que no admite mayores discusiones, aunque los efectos negativos de dicha práctica están a la luz con todos sus efectos adversos. En lo que a la cuestión financiera se refiere, y más específicamente en lo que toca a los delicados y manipulados criterios fiscales, estamos padeciendo las consecuencias del desorden y la irresponsabilidad llevados al extremo.

Para que exista seguridad en el plano financiero tiene que haber disciplina, orden y sinceridad en todo momento, sean tiempos bonancibles o tiempos críticos. El hecho de gastar a lo loco cuando hay disponibilidad suficiente conduce a los peores laberintos de escasez cuando los grifos del ingreso empiezan a limitarse. Y esto ocurre independientemente de la riqueza con que se cuente, como se puede ver a las claras en un ejemplo tan patético como el de la Venezuela populista, o independientemente también de la línea ideológica que impere, como es el caso dramático de Puerto Rico.

Al estar ya en la zona crítica, aunque aún no se haya llegado al extremo de la inviabilidad, lo que se impone por mandato de la realidad misma es entrar en fase correctiva y disciplinaria. Ese es justamente nuestro caso. La sostenibilidad financiera está en juego, y las tentaciones de rascar fondos donde se pueda no se hacen esperar, como estamos viendo sin necesidad de anteojos; pero seguir esa ruta es irse empantanando cada vez más en lo inmanejable. Por eso se vuelve urgente entrar en serio en la búsqueda de un pacto fiscal de amplio alcance tanto en sus componentes como en el tiempo, que facilite recursos con las debidas garantías de que eso no va a significar seguir en las mismas. Ojalá que el acercamiento anunciado entre las dirigencias del sector privado y del sector público pueda empujar de manera sustancial en esta línea.

La institucionalidad pública tiene que responsabilizarse de su quehacer en todos los órdenes y en todos los niveles. Y dicha autorresponsabilización implica asumir costos políticos cuando las circunstancias así lo determinen. Todos los que lo ejercen tienen que entender, sin excusas ni pretextos, que el desempeño del poder, en cualquiera de las instancias del mismo, más que un privilegio es un compromiso; y la democracia activa lo hace ver así a cada instante.

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